Apriete de Estado; por Adrián Murano

El presidente quiere ver preso al dueño de un diario que publicó una información incómoda sobre los manejos de la fortuna familiar. Es más que un secreto a voces: desde hace semanas, medios y periodistas afines al gobierno propagan que Mauricio Macri tiene entre ceja y ceja a Víctor Santa María, titular del gremio de los encargados de edificios y propietario de Página/12. La razón que motivó su vendetta: un artículo de Horacio Verbitsky que detalló operaciones de blanqueo por unos 132 millones de dólares realizados por familiares y amigos de Macri.

En las formas, la avanzada contra Santa María ocurre por presuntas irregularidades patrimoniales. En julio pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Economía, denunció al gremialista por «operaciones sospechosas» cercanas a los 4 millones de dólares. La presentación se hizo ante el juzgado de Claudio Bonadio, aliado del gobierno en la cruzada judicial contra los K.

Las intenciones de los denunciantes, claro, no exculpan de antemano al gremialista. Si Santa María es culpable de lo que se lo acusa debería enfrentar una condena ejemplar. El problema es que voceros del propio gobierno admiten que la avanzada no busca perseguir a un eventual gremialista corrupto, sino disciplinar a un editor. La diferencia no es menor: apresar al dueño de un medio por lo que publica es un atentado grave contra la libertad de expresión.

El gobierno no hace ningún esfuerzo para esconder la maniobra. Aún más, la promociona. Periodistas que suelen visitar la quinta de Olivos escucharon al presidente llamar «lacra» y «mafioso» a Verbitsky «por las notas que escribió sobre el blanqueo impositivo». Exégeta desaforado, el candidato oficialista Fernando Iglesias consideró que era un «milagro que Verbitsky esté en libertad».

En tiempos no muy lejanos, una avanzada así habría despertado reproches de asociaciones de editores, como Adepa. No es lo que pasa ahora. Tiene lógica: patronales mediáticas y gobierno coinciden en el interés de limitar la cantidad de medios con los que deben convivir.

Tampoco sorprende el silencio de colegas notorios. En algunos casos, es por una irracional sed de venganza contra el «universo K». En otros, por algo más perverso aún: buena parte de la sociedad argentina parece dispuesta a naturalizar abusos del actual gobierno porque «el de antes era igual o peor».

La sentencia, en este caso, es discutible. Según un relevamiento del SiPreBA, unos 2500 trabajadores de prensa se quedaron sin empleo en los últimos dos años. El dato indica que antes de Macri había más medios, no menos. Una de las mayores y más certeras críticas que pueden caer sobre el kirchnerismo es haber promovido la ampliación de voces financiando a impresentables como Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los exdueños del Grupo 23. Esa práctica, salvo por los beneficiarios, sigue igual: el Estado PRO distribuye su pauta con idéntica discrecionalidad.

Lo que cambió, en tal caso, es la tolerancia social a las expresiones de intolerancia que todos los gobiernos tienen hacia el periodismo crítico. Pero eso, más que un cambio, es una involución.