Justamente un año después de la desaparición de la nave, el 15 de noviembre, comenzará a explicar por qué recomendaron la adjudicación del servicio de búsqueda a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones.
“Los funcionarios públicos recomendaron la adjudicación del servicio de búsqueda del submarino a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, escribió el juez en la citación a indagatoria de Héctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi. Todos integraron la Comisión Evaluadora; dos pertenecen a la Armada, uno a la Fuerza Aérea y el restante es un civil del Ministerio de Defensa.
La causa se inició a raíz de la denuncia de la abogada Valeria Carreras, quien junto con el estudio de Fernando Burlando asumió la representación de un grupo de familiares víctimas del naufragio en todos los expedientes relacionados con la desaparición de la nave.
La abogada detectó “distintas irregularidades acontecidas en torno a la contratación directa (por razones de urgencia) para la búsqueda del buque sumergible, iniciada por el Ministerio de Defensa a través de concurso internacional de ofertas”. Entre esas irregularidades figuraban problemas de registración legal de la empresa que finalmente terminó adjudicada.
El fiscal Federico Delgado propuso avanzar en la investigación sobre el número societario de la empresa española preadjudicataria porque “no coincidía con el nombre, número de CUIT ESB1751190 IGEOTEST GEOSCIENCES SL”. En otros términos: figuraba el nombre de una empresa, y la identificación de otra. Y esta segunda, la también española CONTROL Y PROSPECCIONES SL -presuntamente del mismo grupo económico-, estaba, además, en concurso de acreedores.
Pese a todo, el 1° de junio de 2018 se oficializó la preadjudicación. La abogada Carreras la impugnó porque a su entender la firma contratada “no contaba con la experiencia necesaria”.
Ahora, el juez Martínez de Giorgi consideró que están dadas las condiciones para indagar a los responsables de esa contratación, finalmente frustrada.
El juez quiere saber por qué “la comisión evaluadora del proceso de compra concluyó que era recomendable la adjudicación en favor de la firma Igeotest Geosciences SL ‘por ajustarse técnicamente a lo requerido, cumplir con la documentación prevista en el pliego de Bases y Condiciones Particulares y su precio resultar conveniente’», cuando en rigor no reunía esos requisitos.
El magistrado subrayó en su resolución que la propia Oficina Nacional de Contrataciones “entendió que Igeotest Geosciences SL e Igeotest Geosciencies y Exploraciones SL son personas jurídicas distintas, por lo cual existía un error esencial en la oferta, no susceptible de subsanación”.
Según Martínez de Giorgi, “los funcionarios públicos, omitiendo las cláusulas particulares fijadas para el proceso de compra, que a su vez contenían dentro de su marco legal las disposiciones previstas, recomendaron la adjudicación del servicio de búsqueda del submarino ARA San Juan a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.
El cronograma de indagatorias se iniciará con Longui, el 15 de noviembre, y continuará con Horisberger, el 20; Dip, el 21 y García Bastitta, el 22.
Martínez De Giorgi pidió además al Ministerio de Defensa que «informe con carácter de muy urgente los últimos domicilios” de los llamados a indagatoria.
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