La defensa del expresidente presentó un escrito para pedir que se revoque el procesamiento.
Lo hizo la abogada Valeria Carreras en una audiencia convocada por el Tribunal de Apelaciones y en la que expuso de manera oral a través de la plataforma virtual Zoom, mientras que la defensa del expresidente que presentó un escrito para pedir que se revoque el procesamiento.
La audiencia fue ante los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes luego quedaron en condiciones de resolver si ratifican lo decidido en el caso por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, quien en diciembre pasado procesó al exmandatario
Este martes se escucharon los argumentos de apelación al procesamiento, embargo y prohibición de salida del país que rigen para el expresidente, quien sin embargo ya obtuvo permiso judicial para reiterados viajes al exterior.
«Queremos manifestar a la sociedad que, así como es un hecho indiscutible la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, también lo es el haber padecido las familias de la tripulación espionaje ilegal», sostuvo la abogada Carreras a través de un comunicado.
«El grado de certeza surge de las fotografías, los reportes con transcripción de diálogos, la baja de los celulares particulares de la totalidad de los tripulantes, el haberse metido con la intimidad del dolor, vulnerando toda garantía constitucional», sostuvo la abogada querellante.
Remarcó que «hoy estamos en condiciones de afirmar que no están cumpliéndose en el Fuero Federal denominado Comodoro Py, las garantías de igualdad ante la ley, ni la garantía de juez imparcial. Las familias han padecido primero la falta de sus seres amados, luego la saga de mentiras desde la cúpula de la Armada hasta el Poder Ejecutivo macrista».
«En dicho lapso, hasta el hallazgo del submarino, fueron víctimas de espionaje ilegal, maltrato del Estado ante sus reclamos de búsqueda, para padecer ahora el destrato absoluto de la justicia de todo el estamento federal de la ciudad de Buenos Aires», sostuvo la abogada que durante todo el proceso fue mostrando los privilegios a los que accedió Macri, como el hecho de que su prohibición de salir del país no tuviera ningún efecto en la práctica.
El miércoles, en tanto, habrá otra audiencia para tratar planteos de otros procesados en el caso y un recurso de la defensa de Macri por supuestas trabas para acceder a un legajo reservado en el expediente.
La semana pasada Bertuzzi rechazó un pedido de la querella para apartar de la causa al actual juez federal de instrucción Julián Ercolini.
El magistrado quedó a cargo del caso en febrero último, cuando Bava remitió la causa desde Dolores a los tribunales de Comodoro Py.
Al procesar a Macri, Bava sostuvo que «desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias».
Esas tareas habrían consistido en «obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
El exmandatario está también embargado por 100 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, pero hasta ahora se lo autorizó a viajar al exterior cada vez que pidió permiso en el juzgado de Ercolini.
El 6 de diciembre pasado, el abogado defensor Pablo Lanusse apeló el procesamiento de Macri ante la Cámara Federal de Mar del Plata, pero el Tribunal de Apelaciones remitió todo a Comodoro Py tras el pase de la causa al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.
Al apelar el procesamiento del expresidente, el letrado sostuvo que Bava actuó con «prejuzgamiento» .
En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exjefes de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste.
Según la investigación, los actos de espionaje ilegal tuvieron como base la delegación Mar del Plata de la AFI y ocurrieron desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018.
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