ARA San Juan: los enigmas de una investigación que recién empieza

«Y también quiero decirles que tengo la profunda esperanza que esta bandera, en días, pronto, será plantada en el Mar Argentino en el recuerdo de nuestros 44 tripulantes», dijo Macri el jueves en la Base Naval de Mar del Plata, con ese estilo entre categórico y dubitativo que imprime en sus discursos y que torna imposible saber cuándo está coacheado y cuándo no, segundos antes de afirmar, como siempre, su «compromiso con la verdad». La corazonada presidencial se cumplió de inmediato, pronto, en días, más bien horas, poco más de 30 que pasaron entre su discurso ante los familiares del ARA San Juan, a un año de su desaparición, y el hallazgo del submarino.

«Ellos sabían», dijeron varios de los familiares, todavía aturdidos por la noticia pero suspicaces frente a un gobierno que desde el primer día les retaceó información.

También había anunciado el presidente que «en pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación de las razones del naufragio, va a emitir sus conclusiones sobre las posibles causas, e inmediatamente ese informe va a ser enviado a la Justicia». En rigor, el hallazgo del submarino y, más allá de que pueda ser recuperado del lecho marino, la disponibilidad para la Justicia de material probatorio del que hasta hace pocas se carecía relativizan ese informe.

De hecho, tres investigaciones en paralelo procuran desentrañar las causas de la tragedia que acabó con las vidas de los 44 submarinistas del San Juan, pero sólo una tiene la facultad de discernir las responsabilidades penales que podrían caberles a las máximas autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa, si se comprueba que hubo negligencias en la operatoria del submarino y en la cadena de mandos que permitió que saliera a navegar y en qué condiciones, y es la que dirige la doctora Marta Yáñez, titular del juzgado federal de Caleta Olivia. De las otras dos, la Bicameral del Congreso busca deslindar las responsabilidades políticas sobre la desaparición y los operativos de búsqueda; y la de Defensa, las especificidades técnicas del naufragio.

Hasta aquí, la única certeza la da el último mensaje recibido desde el San Juan, a las 8:52 de aquel 15 de noviembre de 2017: «Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido». Las causas últimas que le impidieron volver a emerger y precipitaron su hundimiento seguirán siendo materia de investigación.

En cualquier caso, persisten muchas dudas sobre las horas finales del ARA San Juan. «Deformado, colapsado e implosionado» por la presión del agua a 907 metros de profundidad, a 460 kilómetros del golfo de San Jorge, la hipótesis arrojada por Aguad apunta a que la implosión ocurrió dos horas después del último contacto. Abona esa conjetura la ubicación de los restos del submarino, a unos 15 kilómetros del lugar donde los hidrófonos del CTBTO (la Organización del Tatado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con sede en Viena) detectaron, a las 10:51 de aquel 15 de noviembre de 2017, una «anomalía hidroacústica», corta y violenta, compatible con una explosión, y que a pocos días de la desaparición fue comunicada por el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi.

Si la presunción es correcta, el desenlace fatal fue casi inmediato. Otra hipótesis, pendiente –como todas– de investigación, induce a una idea más lúgubre: la posibilidad de que los submarinistas hubieran sobrevivido al menos seis días. El pasado 16 de abril, el expediente que sigue la jueza Yáñez recibió la declaración de un sonarista de la corbeta Spiro, que participó del primer operativo de búsqueda, quien aseguró que el martes 21 de noviembre se registraron y grabaron «golpes de casco», realizados «con algún elemento metálico fuerte», junto a una detección del sonar compatible con la presencia del sumergible. El suboficial, que pidió a la magistrada preservar su nombre por temor a represalias, agregó que desde el Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) ordenaron a la Spiro salir de esa posición, que el destructor Almirante Brown, con un mejor sonar, también corroboró el contacto. Para el sonarista no quedan dudas de que la intensidad de los golpes, repetidos a intervalos espaciados, era compatible con un pedido de auxilio desde las profundidades.

Verosímil o no, el dato suma controversia a la polémica, aún nunca saldada, sobre cómo circuló la información en las primeras horas de la desaparición entre la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa, y si esos cortocircuitos derivaron en que el protocolo SAR de búsqueda y rescate se activara tardíamente.

En todo caso, el hallazgo no puede sacar del foco de atención de la Justicia la compleja interna naval y el examen de sus responsabilidades. Semanas después de la tragedia, el almirante Marcelo Srur, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, desplazó de sus cargos al contralmirante Luis López Mazzeo, que manejaba el COAA, y al capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la flota de submarinos; poco después, el ministro Aguad hizo lo propio con Srur por ocultarle información sensible sobre el caso. Sugestivamente, justo el día del aniversario, el jueves pasado, López Mazzeo –que querelló a Srur– declaró en Caleta Olivia, pero no como imputado sino como testigo.

Aquellos «golpes de casco» tuvieron en definitiva un lugar central en el epílogo de la búsqueda del ARA San Juan. Fueron el combustible de la última de las batallas que dieron –y que seguirán dando– los familiares de los tripulantes, cuando forzaron a la empresa Ocean Infinity a explorar ese indicio antes de la suspensión del operativo, que debía finalizar el viernes.

Con ese mandato –y también, merced a condiciones climáticas que le impidieron poner proa a Ciudad del Cabo y abandonar la búsqueda–,el buque Seabed Constructor volvió a las áreas señaladas como prioritarias desde el comienzo, es decir, cerca de donde el ARA San Juan estableció su última comunicación, cerca de la anomalía detectada por el CTBTO, y el Poi 24 –el vigésimo cuarto punto de interés analizado– resultó ser el submarino.

Esa es, quizás, en medio de la mezcla de alivio y turbación que les produjo el hallazgo, la mayor incógnita de los familiares: por qué durante dos meses Ocean Infinity alejó su pesquisa de esas zonas, qué rara providencia generó este resultado positivo justo cuando el operativo llegaba a su fin, y cuando el luctuoso aniversario volvía a poner a la tragedia en el primer plano de atención. Las palabras del presidente fortalecen el misterio. «

Aguad: “No tenemos medios para rescatarlo”

«No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan. No teníamos AUV ni ROV para bajar al lecho marino, ni tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características», señaló Oscar Aguad en la conferencia de prensa de ayer en el Edificio Libertad. Lo que el ministro de Defensa evitó decir es que Ocean Infinity, la compañía que encontró la embarcación hundida, sí dispone de la tecnología y tiene la experiencia para realizarlo tal como piden los familiares.

“Los próximos pasos son un asunto que deben determinar las autoridades. Nos complacería ayudarlos en la operación de recuperación, pero en este momento estamos enfocados en completar las imágenes del campo de escombros”, señaló a Tiempo Oliver Plunkett, CEO de la firma, consultado sobre las posibilidades de asistir al Estado argentino con la tarea.

“Hemos realizado numerosas operaciones de recuperación y estamos bien equipados para ello”, explicó tras la repregunta de este diario. ¿Qué presupuesto implicaría una “operación de recuperación” como la necesaria? La respuesta de Plunkett confirma la preocupación de los familiares sobre el real interés del gobierno en recuperar los restos del San Juan: “Aún no hemos recibido ningún pedido de presupuesto, así que no podemos comentar nada al respecto”.

La jueza Yáñez, que instruye la causa que investiga la desaparición, tampoco se mostró apurada por recobrar ese material probatorio en un eventual reflotamiento. «Hay que ver la factibilidad de que pueda suceder. Estamos hablando de una embarcación que, con agua, llega a pesar 2500 toneladas”, explicó, y añadió: «Prefiero conservar la prueba en la forma en que está, ante la eventual posibilidad de que para reflotarlo haga falta romper o cortarlo en pedazos».