La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, pidió a la empresa de telefonía celular Claro que informe si en las primeras horas de la desaparición del submarino ARA San Juan el Edificio Libertad, el corazón de la Armada, tenía servicio de internet. La respuesta puede cambiar definitivamente el rumbo de la investigación. Porque una de las hipótesis que comienza a tomar cuerpo entre los familiares de las víctimas es que el submarino pudo haberse quedado incomunicado en un escenario de emergencia, tal vez asociado a una falla mecánica o a otra circunstancia aún no esclarecida.
La compleja lectura del expediente sobre la búsqueda del submarino tiene un punto crítico. Mientras se realizaban los rastrillajes apareció una baliza en una zona situada en el Paralelo 42 Sud, a unos 350 kilómetros de la Península de Valdés.
Si esa baliza hubiera pertenecido al ARA San Juan (lo cual no puede ser descartado de manera definitiva), probablemente habría desencadenado un conflicto diplomático con connotaciones bélicas: según el Tratado de Madrid, firmado por el gobierno de Carlos Menem con Gran Bretaña, naves argentinas no podían navegar en esa zona sin previamente dar aviso a las autoridades inglesas.
Rápidamente, desde Estados Unidos llegó la información sobre esa baliza: pertenecía a un Avión Poseidón P8 y había sido dejada para una misión científica que nada tenía que ver con la nave argentina. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, replicaron entonces que no pertenecía al submarino. Pero la información no cierra: las fotos tomadas de la baliza muestran un objeto diferente del admitido por Estados Unidos. Se trata de un aparato algo rudimentario, que a simple vista no se condice con la sofisticación tecnológica de las fuerzas armadas norteamericanas.
En la baliza se observa una inscripción, Lote 25. No dice LOT, sino LOTE. No se observa la marca y el número que se observa en la imagen es diferente del consignado. ¿Qué pasó con la baliza? Fue descartada como elemento de prueba.
¿Pudo la baliza estar en otro lugar y desplazarse como consecuencia de un temporal mar adentro? Si ello fuera así, la baliza no servía para los fines para los que había sido fabricada.
Cuando se firmaron los acuerdos de Madrid, la Argentina se comprometió a comunicar con antelación la navegación en zonas relacionadas con la guerra de 1982. La última posición conocida del ARA San Juan, según una de las hipótesis, fue a unas 240 millas náuticas de la costa, lo que podría coincidir con un área por fuera de la Zona Económica Exclusiva. No consta en la causa si la Argentina envió la notificación de preaviso al Reino Unido. ¿Pudo ocurrir que una falla en los sistemas de comunicación o un error de navegación favoreciera la tragedia?, ¿pudieron averiarse los sistemas de comunicación DAM -C Y LAN-N de modo tal que el submarino no pudiera comunicarse siquiera con la flota de superficie?
Líbrese oficio a la empresa de telefonía CLARO a los fines de que informe si esa empresa provee servicios a la Dirección General de Comunicaciones e Informática de la Armada o a otras dependencias de la Armada Argentina, con sede en el Edificio Libertad. En caso afirmativo indique que tipo de servicios y si durante los días 14/11 y 16/11 de 2017 se registraron inconvenientes o deficiencias en la provisión del servicio de Internet. En su caso indique duración de la interrupción, causas de la misma y si se recibió algún tipo de reclamo y/o pedido por parte de dicho cliente, resume la orden de la magistrada.
Peritaje
El juez federal Daniel Rafecas ordenará en los próximos días un peritaje tecnológico para determinar si las líneas telefónicas de familiares de víctimas del submarino ARA San Juan fueron intervenidas ilegalmente. Será el primer avance importante en la denuncia que formularon un grupo de esposas de tripulantes, que aseguran haber constatado a través de un estudio realizado por el ingeniero Ariel Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- que al menos una de esas líneas estaba pinchada.
No está claro aún quién, ni cómo realizará la experticia. El fiscal Gerardo Pollicita pidió a los familiares que entregaran sus teléfonos porque la Policía Metropolitana considera que debe trabajar sobre ellos. Pero la abogada de las víctimas, Valeria Carreras, dijo a Tiempo que las mujeres se muestran reacias a quedarse sin sus teléfonos. Además, arguyen que lo que hay que peritar son las líneas, no los aparatos.
