El ex funcionario de Mauricio Macri declaró ante el juez Rodríguez en una causa iniciada por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. En la misma causa está imputada Laura Alonso.
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell», que vendería meses después.
Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.
También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia», lo que habría puesto «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».
En la misma causa está imputada Laura Alonso, todavía titular de la Oficina Anticorrupción, por haber encubierto al ex ministro y de no haberlo investigado a pesar de haber recibido una denuncia por el caso. La funcionaria, que fue citada para el 21 de noviembre, postergó su declaración para después de su participación en un congreso en el exterior.
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