Aranguren rechazó la existencia de un tarifazo

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, demostró ser una hábil declarante. Ante más de un centenar de diputados rechazó la existencia de un tarifazo, afirmó que el incremento fue gradual y aseguró que todo es fruto de la pesada herencia. Es más, sin inmutarse, se negó a brindar información sobre los costos de la producción, transporte y distribución, tanto de la energía eléctrica como del gas. Para los bloques de la oposición, principalmente los peronistas, la audiencia permitió demostrar la existencia de la incompatibilidad manifiesta de Aranguren en el Ministerio, la necesidad de anular el tarifazo, la falta de un plan energético y, sobre todo, el descalabro social que éste ha provocado.

Fueron ocho horas de reunión de un plenario de las comisiones de Presupuesto, de Energía, de Obras Públicas y de Defensa al Consumidor. Apiñados en un amplio salón pero incapaz de contener a más de 130 diputados que forman parte de las comisiones, la reunión se desarrolló entre discursos, preguntas, algunas chicanas y muy poca información en las respuestas que brindó el ministro. Aranguren afirmó en su discurso inicial: «En estos últimos 12 años la Argentina pasó de tener energía abundante y barata a tener energía escasa, importada y cara. El sector que recibimos manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con rol y responsabilidades equivocadas”.

Aranguren reconoció, a diferencia de lo que suele afirmar el oficialismo, que hubo incremento de tarifas durante los gobiernos kirchneristas. Claro, el porcentaje lo utilizó para sostener que fue escaso frente a la inflación (dijo que fue de 1400 por ciento) y el incremento de los salarios (1670 por ciento), lo que terminó por demostrar que las paritarias, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, siempre superaron la inflación. Cuando finalizó esta primera participación el ministro escuchó aplausos. Sólo eran los legisladores oficialistas.

Luego llegó el turno de las preguntas que, como sucede en el Congreso, incluyó discursos y fue lo que provocó que la reunión superara con holgura las ocho horas de duración. La diputada del Frente Renovador (FR), Graciela Camaño, atacó con fiereza al ministro. Se concentró en demostrar la existencia de una clara incompatibilidad entre su cargo y su anterior relación con la petrolera Shell, a la que definió como “un jugador en esta cancha” y por ello sostuvo que está violando la ley de Ética Pública. “Usted firmó un aumento (de precios) de gas y de petróleo, no nos tome por pavotes”, dijo ante un Aranguren inmutable. A su turno, el ministro respondió esa acusación que también realizaron otros diputados: “No tengo incompatibilidad de ningún tipo”, afirmó. El diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, fue un poco más allá al afirmar que “una decisión de Aranguren le hace subir o bajar las acciones (a Shell). Creer esto es llevar la discusión a un punto cercano al ridículo”, lo defendió.

Allí no terminó Camaño, quien avanzó sobre el valor del gas en boca de pozo que se mide por millones de BTU, y sostuvo que si bien ese valor puede determinalo el gobierno “tiene un límite legal y usted los fijó por encima de esos límites. Las normas son claras y por lo tanto incurrió en mal desempeño de funcionario público. No tiene la potestad de hacer lo que quiera. El límite está en las leyes de emergencia”.

Por último, la diputada se concentró en la transferencia de recursos que implica este incremento tarifario que consideró como “inconstitucional porque es un aumento injustificado de las ganancias de las empresas. ¿Por qué se empeña en seguir castigando a los sectores de menores ingresos?”. Aranguren ni se mosqueó y sólo se limitó a acomodar el cuello de la camisa.

Uno de los oradores más enfáticos desde el Frente para la Victoria (FPV) fue el ex ministro Axel Kicilliof, quien sostuvo que es necesario “retrotraer el tarifazo del gobierno y empezar de nuevo”. Si bien admitió que no es tarea del Congreso fijar tarifas “nadie sabe qué va a pasar, y tienen que reconocer que la gente y las empresas no lo pueden pagar”. Kicillof, recalcó la diferencia de concepción del rol del Estado, ya que argumentó que para Cambiemos “el mejor modelo es la desregulación del mercado”. “No queremos que nos rijan los precios internacionales como en los años noventa”, agregó. También señaló que el Gobierno juega a la política del miedo al advertir que debe “hacerse lo que el gobierno dice o va a haber una desgracia». «Así lo hicieron cuando pidieron el blanqueo y el pago a los buitres», recordó, y se llevó los aplausos cuando sostuvo que el actual no es un problema fiscal: «No se lo cobren a la gente y se lo den a los buitres”.

Por último, sostuvo que el gobierno no escucha a nadie, “ni a la Justicia, ni a los sindicatos ni a los empresarios que dicen que no pueden pagar”.

Aranguren le respondió a Kicillof al recurrir a la ironía cuando le preguntó si le permitía “una chicana” y recordó que fue el candidato del FPV, Daniel Scioli, quien firmó un compromiso en campaña para permitir el aumento del precio del barril de petróleo. Asimismo, se defendió al sostener que durante el kirchnerismo “las empresas usaron los subsidios para pagar sueldos y no para inversión, y los problemas de corte de energía se deben a la distribución y no a la producción ya que hay un bajo nivel de mantenimiento porque el abastecimiento eléctrico no se planificó”.

Nicolás Massot, presidente del bloque PRO, salió a defender a su ministro al señalar que “que hubo un criterio electoral para subsidiar sector del AMBA, por lo que el déficit fiscal es explicado por los subsidios que dejaron de usarse como un recursos para paliar una necesidad social y comenzaron a usarse para una necesidad electoral”. Massot venía concentrado en su discurso hasta que fue abucheado cuando dijo que “según las encuestas el 70% de la población se manifiesta a favor de esta medida”.

La inminencia del fallo de la Corte también fue motivo de debate. La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, consideró que la reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, está prohibida por una acordada del mismo tribunal. Un detalle que para la legisladora demuestra la connivencia entre ambos poderes. Aranguren no dijo nada sobre ese encuentro y se limitó a afirmar que el gobierno va a esperar la decisión de la Corte para recién sentarse a elaborar la estrategia energética. Una respuesta que, al fin y al cabo, sirvió para confirmar que no hay plan B en el gobierno y que alimenta las sospechas de un acuerdo entre Macri y Lorenzetti.