Son más 1600 documentos y fueron publicados de forma anónima. El Ministerio de Defensa inició una investigación y presentó una denuncia ante la Justicia.
El texto agrega que el espionaje «continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta 2004» y destaca que «estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados».
La divulgación se da en medio del debate por la intención del Ejecutivo de abrir los archivos de la dictadura, iniciativa que trasladó al Congreso en un proyecto. El texto propone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación destinada a «reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los Derechos Humanos».
Se trata de más de un centenar de documentos de los servicios de inteligencia, de la Justicia militar y de las Fuerzas Conjuntas (militares y policías) de la dictadura, que persiguió, encarceló y asesinó a cientos de opositores.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de expresos políticos Crysol se expresaron a favor de divulgar archivos, pero resaltaron la importancia de garantizar la privacidad e identidad de las víctimas.
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