Arde Honduras; por Ezequiel Sánchez

Honduras está literalmente prendida fuego. Y tras una semana de las elecciones, y sin resultados definitivos, aumentaron las sospechas que existían previas a los comicios. Que habría fraude para legitimar a un gobierno que buscaba sostenerse en el poder, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección.

El actual presidente, Juan Orlando Hernández, impuso una Corte Suprema que avaló su postulación, aunque en 2009 se le dio un golpe de Estado a Manuel Zelaya por querer preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en reformar la Constitución y permitir un segundo mandato.

Consumado el golpe, los actuales gobernantes convirtieron a esta nación en un narco-Estado. Meses atrás, una corte de Nueva York condenó al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) a 24 años de cárcel por ayudar a ingresar cocaína en Estados Unidos con avionetas del Estado. El testimonio clave fue de los propios narcos a la DEA. En sus declaraciones, también admitieron negocios con el diputado y hermano del actual presidente.

Mientras tanto, Honduras es un país donde el 65% de la población vive debajo de la línea de la pobreza y más del 40% es indigente. Donde casi el 20% de Producto Bruto Interno es generado por las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. Ya no es un «país bananero», ahora es exportador de seres humanos que no garantiza derechos como educación y salud.

En 2015 se conoció un multimillonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que habría causado la muerte de por lo menos 3000 personas. Parte de esa plata financió la campaña del actual presidente. Pepe Lobo, su predecesor, admitió saber del robo, aunque prefirió callarlo para «no perjudicar el curso electoral».

A pesar de que un caso de corrupción menor en Guatemala causó la renuncia de Otto Pérez Molina, en Honduras ningún funcionario con alto cargo fue sentenciado. Al contrario, existe un 95% de impunidad y es uno de los cinco países más violentos del mundo. Lo prueba el asesinato hace 20 meses de la líder social Berta Cáceres. Su entorno siempre sostuvo que la orden había venido «desde arriba» y según un informe independiente de hace menos de un mes, el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para condenar a gerentes de una empresa hidroeléctrica, a funcionarios del Estado y a militares aún activos. Pero la Justicia nunca llega.

En este contexto se realizaron las elecciones. Y las sospechas de fraude empezaron a agigantarse porque el Tribunal Supremo Electoral le dio cinco puntos de ventaja al opositor Salvador Nasralla, mantuvo dos días de silencio y al actualizar la información, Hernández pasó a aventajarlo por un punto. Sumado esto a una población que estuvo muy atenta en la fiscalización de actas y presentó pruebas de irregularidades en el recuento de votos.

El descrédito por las instituciones y la evidencia de fraude es tan grande que, si llegaran a declarar ganador a Juan Orlando Hernández, nadie creería en el resultado y empeoraría la situación. Si es que aún eso fuera posible. «

* Periodista argentino, residente en Tegucigalpa.