Arranca el juicio por los delitos cometidos en los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo

«Mi viejo cayó cuando fueron contra los ferroviarios. Era de la línea Mitre y lo secuestraron el mismo día que a (Juan Carlos) Catnich. Con él se llevaron a mi mamá que estaba embarazada de seis meses, a mi tía y a mi prima de 14 años. Fueron todos a Campo de Mayo.» La que recuerda es Flavia Battistiol, que con su hermana Lorena buscan a un hermano o hermana, y que este lunes estarán en el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín donde comenzará el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar en los centros clandestinos de Campo de Mayo. Se trata de una megacausa que llega a juicio oral con once expedientes unificados, que sentará por primera vez entre los acusados a genocidas señalados hace décadas, que buscará justicia por cientos de víctimas y que intentará reparar a familiares que hace más de diez años esperan el juicio.

El proceso tiene 22 acusados, reúne 169 casos y 323 víctimas, entre ellas 14 embarazadas. Será un juicio largo. Sólo para la lectura de la acusación fueron destinadas las tres primeras audiencias. Luego comenzarán a desfilar los 750 testigos que relatarán distintos operativos, secuestros, torturas y desapariciones cometidas en ese lugar en el que funcionaron cuatro centros clandestinos de detención: la cárcel de los Encausados, las casitas, El Campito, y el Hospital Militar.

Campo de Mayo es uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó desde 1976 hasta 1983. Se estima que pasaron alrededor 5000 detenidos, entre activistas sindicales del peronismo y la izquierda, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas como Mercedes Benz, o Ferrocarriles Mitre y Belgrano Norte.

El abogado querellante Pablo Llonto afirma que este juicio tiene una importancia triple: porque se juzgará a genocidas que hace años que tienen el juicio elevado; llegan al estrado casos de víctimas comprobados hace más de una década; y se unifican expedientes, un reclamo de las querellas al Poder Judicial para acelerar los tiempos en las causas por crímenes de lesa humanidad. «En este juicio se acumulan once causas elevadas y esto implica un paso adelante en el reclamo que se hizo siempre de unificar los juicios. Era posible hacerlo y esta es la confirmación de que se pueden hacer juicios grandes», explicó el abogado.

La Megacausa tiene como querellantes también a las Abuelas de Plaza de Mayo, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia. «El juicio es importante porque toma en consideración los planteos que veníamos haciendo las partes para agilizar y descomprimir el tribunal. Es un juicio unificado, con causas que esperaban, algunas desde 2011, fecha de juicio», abundó el abogado por la Secretaría provincial, Maximiliano Chichizola.

Víctimas y victimarios

 «Mi mamá estaba embarazada de seis meses. Cuando la liberan a mi tía y a mi prima pudimos reconstruir todo. Mi prima quedó muy traumada porque pudo ver todo lo que pasaba en el centro clandestino, porque la dejaron sin venda y podía andar por ahí. La vio a mi mamá que estaba en una cama como de hospital con otras mujeres embarazadas, vio que había nenes chiquititos», cuenta Flavia Battistiol, que dará testimonio recién después de la feria judicial de invierno.

–Vio la maternidad de Campo de Mayo…

–La que funcionaba en el centro clandestino. Ella veía que llegaban en ambulancia y se las llevaban, que venían las monjas y se llevaban a los bebés. Mi mamá no estaba con los detenidos, estaba con las embarazadas.

Flavia es hija de Egidio Battistiol y Juana Colayo, que fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977 en Boulogne. Su desaparición es parte de la causa de los Ferroviarios, un operativo realizado entre ese día y el 16 de septiembre en la zona norte del Gran Buenos Aires. Fueron detenidas 23 personas, entre las que había tres embarazadas: Colayo, Leonor Landaburu y Rosa Nusbaum.

Ese es uno de los 169 casos que agrupa la Megacausa. El juicio buscará justicia también por los secuestros de trabajadores de Mercedes Benz, los detenidos del Colegio Militar, los militantes de la Columna Norte de Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) bajo el área 400 del Ejército de Zárate y Campana. También se buscará justicia por las 14 mujeres embarazadas y padres de bebés apropiados, de los que fueron encontrados cinco pero faltan otros diez.

De los 22 imputados, 13 no tienen condena previa. Llonto resalta uno: el coronel Benito Ángel Rubén Omaechevarría, jefe del departamento de personal del comando de Institutos Militares. «Uno de los máximos responsables de la represión. Era quien tenía listas de todos los detenidos desaparecidos que estaban en El Campito. Este tipo es el que sabía y sabe qué pasó con cada desaparecido», resume.

También por primera vez enfrentará sus crímenes Carlos Francisco Villanova, un ex Policía Federal que integraba el Grupo de Tareas II y era llamado Gordo 1 en el centro clandestino El Campito, donde tenía como tarea ser «el torturador de Montoneros». Lo acompañarán otros responsables del centro y el multicondenado Santiago Omar Riveros, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV. Con 94 años el genocida volverá a ser juzgado por cientos de víctimas a los que les segó la vida. «