El ex ministro de Planificación y diputado nacional comenzó a ser juzgado junto a otro ex funcionario por estrago culposo agravado y administración fraudulenta.
El ex funcionario será juzgado por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión.
Junto a De Vido también está acusado otro ex funcionario, Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Se trata del primer juicio oral contra el ex ministro, procesado en varias causas judiciales por su rol en la función pública.
Para la apertura del juicio se realizó un operativo especial de seguridad por la presencia de familiares de las víctimas. Además del personal habitual de Comodoro Py, hay dos equipos de contención de la Unidad de Intervención Territorial (DUIT), otro del escuadrón antibombas y personal de video para grabar, le dijeron a Infobae los encargados de ese operativo.
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y fallecieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. La explotación del Sarmiento estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y con el contrato vencido.
El hecho ya fue juzgado y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron condenados junto a directivos de la concesionaria TBA y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren.
Tras ese juicio, en el que se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y que hubo malversación de los fondos que el estado le daba a TBA para el mantenimiento del servicio, el tribunal ordenó investigar a De Vido y a Simeonoff.
Ambos fueron acusados por no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.
El juicio está a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez y como cuarta magistrada estará Ana DAlessio. El fiscal es Juan García Elorrio y hay cinco querellas: la Oficina Anticorrupción y otras cuatro -unificadas en dos- que representan a los familiares de las víctimas.
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