Arribas sostuvo que el espionaje en las cárceles era para «prevenir el crimen internacional»

El ex jefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, el empresario futbolístico Gustavo Arribas, se despegó hoy de las acusaciones de espionaje ilegal en las cárceles. Y reivindicó como “legal” un convenio que la central de inteligencia firmó con el Servicio Penitenciario Federal para la provisión de elementos tecnológicos (cámaras y micrófonos) para -argumentó – “combatir el crimen organizado trasnacional”.

“Era importante reunir información sobre las cárceles del país respecto del crimen organizado trasnacional, especialmente las cárceles del norte donde mayor peligro”, declaró Arribas ante el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. El ex jefe de la AFI sostuvo que las principales hipótesis de conflicto estaban centradas en la banda de narcotraficantes de Rosario conocida como “Los Monos” sobre la cual operó el falso abogado Marcelo D’Alessio y la posibilidad de desembarco en la Argentina del Primer Comando Capital (PCC), una organización brasileña que maneja el narcotráfico en favelas.

Si bien Arribas habló de esas dos organizaciones de narcotraficantes y de cárceles del norte del país, la investigación detectó que se escuchó a funcionarios del gobierno 2003-2015 que no están imputados de pertenecer ninguna de esas dos bandas y que además estaban alojados en la cárcel de Ezeiza. Un sistema de observación y escuchas fue montado también en la cárcel de Melchor Romero, donde presuntamente iba a ser alojado el sindicalista Hugo Moyano. Ezeiza y Melchor Romero quedan en la provincia de Buenos Aires, que, como surge de una simple observación cartográfica, no es el norte de la República Argentina.

“El objetivo fundamental del convenio – insistió Arribas- fue obtener información y colaboración respecto del crimen organizado trasnacional, por lo cual queda claro que el convenio fue suscripto en el marco legal y tuvo indudablemente un fin lícito. De ninguna manera puede suponerse que pueda haber tenido una finalidad de cobertura de actos de inteligencia ilegal”.

Arribas también tomó distancia de uno de sus subordinados, el ex espía Alan Ruiz, a quien -por cierto – otros imputados y testigos vinculan estrechamente con su segunda, Silvia Majdalani. “Yo no tenía relación directa con Alan Ruiz y su grupo de agentes. Todos ellos pertenecían a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que era la que asignaba y controlaba o supervisaba sus tareas”.

Ruiz, que era un agente de la AFI contratado durante la gestión de Arribas y Majdalani, no reportaba sus actividades a Arribas y Majdalani. Ambos lo negaron, casi como en un acto bíblico. “Nunca recibí una información o un reporte de inteligencia vinculado a las personas que se hallaban privadas de su libertad que aparecen aquí damnificadas”.

¿Entonces, para quién trabajaban Ruiz y sus espías agrupados en el grupo de Whatsapp “Súper Mario Bross”? “Cualquier delito o conducta irregular de los agentes debió haber sido denunciada y detectada por Contrainteligencia”, descartó responsabilidades Arribas, el máximo responsable de la AFI entre fines de 2015 y diciembre de 2019.

Arribas desconoció también cómo se filtraron a un sector de la prensa escuchas que nada tenían que ver con el narcotráfico y sí con diálogos privados de detenidos con sus familiares y abogados. “La agencia no materializó durante mi gestión ninguna intervención telefónica. Fueron ordenadas por jueces en sus respectivas causas y materializadas por la propia DAJUDECO, que dependía de la Corte Suprema”.

¿Las filtraciones que aparecían subrepticiamente en los bosques de Palermo o en sobres anónimos debajo de puertas de despachos oficiales de Comodoro Py 2002 o del Congreso? “Nunca tuve acceso a los audios, no escuché los audios y del análisis de la prueba del expediente no se encuentra ninguna responsabilidad de la Agencia respecto de las filtraciones”, aseguró Arribas.

El ex funcionario, a quien el ex presidente Mauricio Macri catalogó como su mejor designación en el elenco que lo acompañó durante cuatro años de gestión, cerró sus poco más de 24 minutos de declaración -sin responder preguntas – ante el juez por vía Zoom con una invocación que ya había pronunciado en indagatorias anteriores: “Niego terminantemente haber dirigido o formado parte de una organización criminal. Lo que hice fue dirigir la AFI con apego a la ley y nunca cometí ningún delito en el ejercicio de mi función ni promoví ninguna actividad irregular”.