Habían formado parte de la sangrienta refriega entre grupos narcos en la cárcel de Altamira, en el estado de Pará, y eran trasladados a otra unidad. Confusa explicación oficial.

Los cuatro formaban parte de un grupo de 46 reclusos trasladados el martes desde la prisión de Altamira, donde se produjo el motín que derivó en sangrientos enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, a otros establecimientos penitenciarios de Pará. La Segup explicó que el autobús policial estaba dividido en cuatro celdas con capacidad para 40 personas, y que en ese traslado había 30, todos esposados y pertenecientes «a la misma facción». Aunque sólo explicó que las autoridades «investigan las causas de ese hecho lamentable».
En los enfrentamientos del lunes murieron 58 presos, 16 de ellos decapitados. La mayoría pereció por asfixia tras un incendio provocado por miembros de una banda en el sector que alojaba al grupo rival.
El presidente Jair Bolsonaro, que asumió en enero con promesas de liberar el porte de armas para combatir la criminalidad, hizo este miércoles su primer comentario, por Twitter, sobre esa matanza: “He visto escenas de horrores en la cárcel de Pará, pero también vi escenas macabras practicadas por los que murieron contra personas humildes e indefensas. Fuera de las cárceles también hay una guerra, en la cual prácticamente solo un lado está armado», escribió el mandatario.
Se trata de la segunda masacre carcelaria en dos meses en Brasil. A fines de mayo, 55 detenidos fueron asesinados en varias cárceles del estado Amazonas, vecino de Pará, durante crudos enfrentamientos entre pandillas del narcotráfico. Centenas de presos son asesinados cada año en Brasil, la mayoría en ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el control de las rutas de la cocaína. La masacre del lunes enfrentó a un grupo local, el Comando Classe A (CCA), con uno de las mayores bandas criminales de Brasil, el Comando Vermelho.
Brasil, con 726.354 detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo (detrás de Estados Unidos y China), según estadísticas oficiales de julio. Amnistía Internacional señala una sobrepoblación carcelaria de 800.000 reclusos respecto a las plazas en las prisiones. Las condiciones de vida en ese hacinamiento suelen ser descritas como inhumanas, con una población mayoritariamente pobre, negra y con bajo nivel escolar.
El Consejo Nacional de Justicia, un organismo gubernamental, indicó en un informe que las condiciones de la cárcel de Altamira son «muy malas», con un hacinamiento de más del doble de su capacidad.
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