Asociaciones de consumidores advierten que el esquema de tarifas carece de legitimidad

Según el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de septiembre el esquema tarifario incurrirá en una práctica que, hasta el momento, no había sido aplicada en Argentina: el consumo de la luz, el agua y el gas se facturará en base a la categoría en la que el hogar se ubique según la situación patrimonial y de ingresos. El esquema será anunciado el próximo jueves por la Secretaría de Energía.

La instrumentación necesitó de una herramienta clave, el formulario de inscripción, abierto desde el 15 de julio. Así, los hogares anotados se clasificaron dentro del universo de ingresos «altos», «medios», o «bajos». De esta manera, la clase media baja y el sector más vulnerable quedarían exentos de un nuevo incremento en las tarifas, tras haber atravesado dos aumentos, uno en febrero y el otro en junio.

Con la llegada del tigrense, el esquema que ya se creía asumido, cambiará. Massa anunció que se limitará el subsidio al consumo a los 9 millones de hogares registrados al primer corte de inscripción, que merecen seguir recibiendo la ayuda estatal por la condición económica declarada. Superado el consumo de 400 kilowatts, se pagará el costo real de la energía por la diferencia incremental. «Vamos a promover el ahorro por consumo, por progresividad del sistema y eficiencia del uso de los recursos, porque el que más gasta la energía o el agua es quien más subsidios recibe», alegó en su primera conferencia.

Para la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la concientización energética es válida, pero no es el motivo real del ajuste de tuerca. «Esto se hace para ahorrar dólares y exportar más energía, o sea, cumplir con las metas del acuerdo con el FMI», piensa Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.

Similar enfoque comparte el presidente de Deuco, Pedro Bussetti: «Se supone que se le quita el subsidio a los más ricos. En realidad, son las productoras de gas las que se llevaron $ 12 mil millones en subsidios hasta julio, y durante 2021 $ 548 mil millones.»

«Las generadoras eléctricas cobran un costo excesivo respecto del valor real, que es el que el Estado subsidiará, hasta que lo traslade al consumidor. Cobran entre U$S 7 y 10 el millón de BTU (una medida comercial del gas) cuando vale aprox U$S 2, y de U$S 70 a U$S 80 el megavatio, cuando sale entre U$S 20 y 30», complementa Bassano, en diálogo con Tiempo.

Respecto de los cambios que anunció el ministro, de momento se limita a lo discursivo. Lo que está vigente es el decreto 332/22, que sólo contempla incrementos para el sector que está por encima de las condiciones de ingresos y patrimonio mínimos que solicita el formulario, no para otro sector. «Todo lo demás es información que no está sustentada en ninguna normativa ni resolución firme. Si van a modificar el esquema de facturación, tienen que hacerlo por audiencia pública. Si no, pueden aparecer planteos judiciales», alerta Bassano. Sólo los hogares que quedarán por fuera de la asistencia del Estado, 4 millones según el dato oficial, deberían recibir actualizaciones de hasta el 400%, repartidas en tres bimestres.

De todos modos, para el titular de ADDUC, el límite a los 400 kWh «está bien si es mensual», pero hay que considerar de manera «urgente» excepciones como «inquilinos, electrodependientes y barrios carenciados que no pueden calefaccionarse.» Igualmente, el gobierno ya contempla a beneficiarios de la tarifa social, quienes, si se pasan del límite subsidiado, «no se le cobrará la tarifa plena, sino que seguirán pagando el valor correspondiente al beneficio», aclaran alrededor de Massa.

Fuentes oficiales aseguran en off que el 80% de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur consume menos de 400 kWh. A nivel nacional, solo dos de cada diez usuarios sufrirían la actualización por superar el límite de consumo subsidiado. Es decir: de 13 millones de hogares, 4 millones pagarían la tarifa plena y 2 millones el incremental sin subsidiar. Según Bassano, si esta modificación no es atravesada por una audiencia pública, se podría aplicar el fallo Cepis, generado en la época de Juan José Aranguren como ministro de Energía, y que prohibió al gobierno de Mauricio Macri realizar aumentos tarifarios sin pasar por audiencias públicas.

«Claro que nos falta el cómo implementar este límite al subsidio. Ni siquiera tenemos el listado de segmentación de usuarios para cotejarlo con nuestra base de datos y determinar quién recibirá subsidios y quiénes no», se queja un integrante de una distribuidora del AMBA. «La nueva medida lo ha cambiado todo desde lo operacional y aún no hemos tenido contacto con las autoridades», advierte una cámara empresarial del sector y concluye: «La adaptación del sistema a las modificaciones podrían llevar dos meses. Llegar a septiembre es un reto exigente».

En el caso del gas, la quita del subsidio seguiría la misma lógica, considerando diferencias climáticas, estacionalidad y costo de distribución. «El consumo de gas entre la Patagonia y el Norte no tiene nada que ver», explican desde la distribuidora. Sobre la segmentación del agua, tampoco hay más precisiones, solo que también comenzaría en septiembre. Al menos, ese es el objetivo.

Mientras tanto, el aumento de los precios internacionales de la energía, los valores de las tarifas, tendientes a abaratarse, y la oferta local energética saturada contribuyeron a una emergencia externa y fiscal que hace eco en las cuentas públicas. A su vez, el crecimiento de la demanda reflejó un déficit comercial del sector energético de U$S 2648 millones en el primer semestre del año, el más elevado desde 2014, según la consultora Economía y Energía.

Por último, el salto exponencial del gasto en subsidios elevaría su nivel hacia los U$S 15.500 millones, cifra solo superada en 2015. «