La agresión fue perpetrada por grupos narco que operan con impunidad en el barrio. Organizaciones sociales exigen justicia, ante la inacción estatal en relación a denuncias previas.

Lo cuenta Solana López, una de las personas agredidas y que ahora viven bajo amenaza. “Nos habíamos juntado la familia, somos todos una familia militante de Derechos Humanos y del colectivo Lgbtiq+, y mi hermano, mi hijo y yo somos también militantes del Partido Comunista. Estaba también presente mi nuera, que es una mujer trans, y ante su presencia se despertó toda una actitud homofóbica, transfóbica y transodiante de grupos que acá actúan como una mafia”, relató.
López detalló el domingo de terror que vivieron a partir de que “en un momento nos tiran la basura en el jardín de la casa de mi mamá y empiezan con insultos y amenazas ligadas a violencia sexual, nos amenazaban de violarnos y nos decían insultos homofóbicos y transfóbicos. Es ahí cuando nos metemos dentro de la casa, pero no llegamos a cerrar la ventana y nos atacaron con manotazos y rompiendo todos los vidrios”, explicó.
El ataque de odio cosechó repudios y pedidos de investigación de parte de la Mesa Provincia de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el Secretariado Nacional del Partido Comunista, los Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, la Liga Argentina por los Derechos Humanos filial Córdoba, el Refugio Libertad, la Agrupación “Por la Memoria” de Almafuerte, la Comisión de Memoria y DD HH de Villa Allende y los nodos de Falda del Carmen y Cruz del Eje. En las expresiones públicas de apoyo a la familia atacada hay coincidencia en tanto el hecho “representa un ataque a todo el colectivo que milita por profundizar la democracia desde la reconstrucción de poder popular”.
Solana contextualiza que en el barrio “hay un grupo actúa como una mafia, lleva unos años acá, han ido ocupando territorio tomando algunos departamentos y están por supuesto ligados con el narcotráfico y la explotación sexual”. Y que “tienen a los vecinos de rehenes, con muchos episodios de violencia y agresiones físicas, incluida mi mamá, con denuncias en policía y fiscalía y nunca pasó nada, lo cual deja un manto de dudas con la impunidad con la que se manejan”. Mercedes Brusa, de 80 años, es la mamá de Solana y ex presa política.
“Es una señora mayor que vive sola; en este corrimiento del Estado en la faz preventiva, con denuncias previas que no fueron atendidas, consideramos que peligra su vida”, finalizó.
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