ATP: el gobierno saca cuentas con un ojo en el gasto y otro en la presión de los empresarios

El gobierno prepara una nueva ronda del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que viene asistiendo a las empresas desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en la primera mitad de 2020. También define una nueva versión del programa Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria para empresas con más de cien empleados.

Pero los nuevos lanzamientos están condicionados por la situación fiscal del Estado. En ese contexto, esta semana además hizo saber que unas 2000 empresas que recibieron el beneficio antes están bajo investigación por no haber cumplido los requisitos.

El jueves pasado, tras una reunión del gabinete económico en la que se trató la situación, trascendieron los datos acumulados del programa ATP. Entre la primera versión en abril de 2020 y la última en diciembre del año pasado el gobierno asignó $ 236.377 millones, lo que representa el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

A la par se conocieron los del Ingreso Familiar de Emergencia IFE que alcanzó los $ 263.540 teniendo en cuenta sus primeras tres rondas.

La filtración de esos números después del encuentro interministerial parece una jugada del gobierno para dejar sentado públicamente el volumen de la ayuda que otorgó a las compañías.

Pero si fue un mensaje teledirigido, las empresas del lobby empresarial no lo recibieron. Este viernes la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) prepararon un pedido conjunto para la vuelta del ATP.

Lo elaboraron en una carta que enviaron al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. A su vez, la Came en solitario dirigió otra misiva al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para hacerle un pedido especial por la implementación de los Repro.

El resumen desde el ángulo de esa entidad sería reclamar el retorno del ATP antes que el de los Repro, al que prefieren evitar por ser “muy engorroso” para las empresas de mediano y pequeño porte.

La reciente ratificación de la prohibición de los despidos y de la obligación de pagar doble indemnización en caso de desvincular personal son las razones que esgrimen las compañías para convencer a los ministros. “Como sigue la doble indemnización y la prohibición de despedir sin ATP, muchas pymes no van a poder aguantar”, argumentó a Tiempo Pedro Cascales, referente de la Came.

De hecho, el pedido concreto a Moroni es que proceda a exceptuar a las empresas de hasta 30 empleados de la extensión de la doble indemnización y la prohibición de despidos en el contexto de “una crisis aguda sin precedentes”.

Previsiblemente, la línea argumentativa es compartida por otras entidades del sector privado. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey declaró el viernes que la ratificación de esas medidas sugiere “debilidad” por parte del Ejecutivo y se manifestó a favor de desactivarlas en el contexto de una industria que tiende a sumar indicadores de recuperación. El sábado la UIA formalizó ese reclamo en una carta dirigida al presidente de la Nación.

Pero antes del cierre de esta nota, la administración se limitó a destacar el esfuerzo que hizo el Estado entre abril y diciembre para asistir a las compañías privadas en el escenario inédito de la pandemia. Hoy el panorama es otro y con un acuerdo en puertas con el FMI la intención de los funcionarios parece encaminada a proseguir con la tendencia al achique del ATP.

Según los números que dejaron saber el jueves en la reunión del gabinete económico, entre el ATP 1 en abril de 2020 y el ATP 9 en diciembre del año pasado, el gobierno desembolsó $ 236.377 millones a la par que asignó otros $ 263.540 en IFE a beneficiarios de los sectores más vulnerables de la economía local.

La tendencia de los ATP, según los números a los que accedió este medio, son decrecientes. En cantidad de empresas beneficiadas, el número cayó de las 234.043 en el ATP 1 a las 33.429 en el ATP 9.

En el medio se registró un total de 228.337 empresas en el ATP 2, seguidas por 200.506 en el ATP 3 y por otras 129.093 que figuraron como beneficiarias del ATP 4. En el ATP 5 las compañías que recibieron la asignación de emergencia fueron 134.265, pero en el ATP 6 la cantidad volvió a caer a las 128.241.

La diferencia más notoria se registró entre esa tanda y la siguiente correspondiente al ATP 7, en la que la cantidad de empresas asistidas descendió a 38.208. El número volvió a caer en la edición siguiente a 33.429 y se mantuvo en ese número en el ATP 9. «