La fiscal penal y contravencional porteña Verónica Andrade tiene dos datos relevantes para evacuar en los próximos días. El primero, la declaración del cerrajero que forzó la puerta de acceso al edificio de Amenabar 23. El segundo, un planteo de «incompetencia» de la abogada María del Carmen Verdú, quien representa a los trabajadores de Tiempo y de Radio América, para que ante la gravedad de los delitos imputados la causa pase a la justicia penal ordinaria de la Capital Federal. Incluso podría, por conexidad, terminar en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien investiga un episodio de similares características pero en la planta transmisora de Radio América. La querella basó su pedido en que durante la madrugada del 4 de julio se cometieron delitos federales (interrupción de las comunicaciones y del funcionamiento de medios de comunicación) además de delitos comunes (lesiones, daño, usurpación, amenazas, robo), lo que fortalece la idea de que existió un plan para eliminar el diario y las emisiones de la radio en conjunto.
La funcionaria judicial firmó ya las órdenes de comparencia por la fuerza pública de los integrantes de la patota que en la madrugada del lunes pasado invadió el edificio en el que funcionan la redacción de Tiempo Argentino y Radio América.
Efectivos de la Policía Federal (cuya actuación en estos hechos está también bajo investigación y seriamente sospechada de, cuando menos, inacción ante la barbarie) tienen los mandatos firmados por la fiscal con las identidades de 16 personas, sus números de documento y sus supuestos domicilios, para ir a buscarlos en los próximos días y llevarlos ante el Ministerio Público.
El supuesto «dueño» de ambos medios, Mariano Martínez Rojas, fue el único integrante del grupo que se presentó ante la fiscal. Lo hizo la semana pasada, brindó una insólita explicación sobre su conducta, y prometió que en los días subsiguientes se encargaría de llevar a declarar al resto de la patota. No cumplió.
La patota sabía lo que buscaba. Además de cortar la red interna de las computadoras (la edición de emergencia fue artesanal, con pendrives y memorias que viajaban de una máquina a otra) y el servicio de Internet, alguien intentó desconectar y llevarse la línea portadora de Radio América. Los agresores deben dar explicaciones sobre eso, pero ni asomaron por la fiscalía. Entonces la fiscal decidió mandar a buscarlos con la Policía Federal.
¿Ofrece esa fuerza de seguridad garantías de imparcialidad en la investigación del ataque?
En la edición de emergencia que estuvo en la calle 24 horas después se consignaron las primeras conductas, cuanto menos erráticas, de los policías de la Comisaría 31. No había una orden de desalojo del edificio de Amenabar y los policías lo sabían.
Sin embargo, dos fuentes directas narraron que los policías formaron parte del paisaje de agresión y destrucción. La publicación electrónica Lavaca entrevistó a Guillermo José Carrasco, el cerrajero que forzó la puerta del edificio. «Me llama una persona el día anterior y me dice que había que hacer una apertura. Quedamos en que nos encontrábamos en la esquina. Hay como un puesto de diarios, ahí. Cuando llegué había dos patrulleros», relató. Quien lo había citado el día anterior era un desconocido que, no obstante, lo estaba esperando. «Me dijo que ahora iba a llegar la policía con el dueño del local con los papeles. Llegó. La policía, miró los papeles, dijo que estaban bien y dijo que estaba todo OK para hacer la apertura. Si la policía me dijo eso, ¿yo qué tengo para oponerme, me entendés? Si no había policía yo no podía hacer la apertura..
La fiscal Andrade sabe de esa entrevista publicada por Lavaca y ya citó a prestar declaración a Carrasco, para que ratifique o rectifique lo que contó al medio cooperativo. Si lo reafirma, la Policía Federal estará seriamente comprometida con lo que ocurrió, porque no hay un solo papel que hubiera podido autorizar la invasión al edificio. Pero además, el propio Martínez Rojas involucró a la policía. En declaraciones al diario Perfil, en su publicación de Internet del 4 de julio pasado, indicó: «Cerca de las 12:30 de la noche, hice parar a un patrullero de la Policía Federal, le dije que mi llave no andaba y que iba a entrar a mi empresa. Me pidieron documentación para saber si era real. Ellos me autorizaron a entrar e ingresaron conmigo. No tengo copia del acta labrada
Ellos tienen el acta. Notificaron todo y me dieron el OK.»
El edificio está hoy en manos de los trabajadores. Martínez Rojas tiene prohibición de acercamiento y una consigna de Prefectura custodia las instalaciones durante las 24 horas. «
