Audiencia por el gas: consumidores rechazan planteos de las empresas

Mañana se realizará la audiencia pública no vinculante en la que las empresas del sector del gas y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentarán las propuestas de subas de tarifas para el transporte y la distribución del gas de todo el país, los dos sectores que están regulados como servicio público.

Además de estas presentaciones, la audiencia tratará la suba del valor del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST, en la jerga del sector). Este precio está dolarizado y la propuesta oficial es que todo el impacto de la devaluación del peso realizada el 12 de diciembre se traslade al bolsillo de los usuarios.

Por último, las empresas proponen, y el Enargas avala, que se instituya una especie de «movilidad tarifaria» mensual que acompañe a la inflación.

Del otro lado de los monitores -la audiencia será virtual- se encontrarán los analistas del sector, en general favorables a la «adecuación de las tarifas», según el eufemismo oficial para ocultar un tarifazo en toda la línea. También los representantes de las organizaciones de defensa del consumidor, que en bloque se oponen a la suba de las tarifas.

Justamente ayer, siete de estas ONG emitieron un comunicado conjunto en el que  rechazan el aumento de las tarifas pedido por las empresas transportistas y distribuidoras de gas.

El documento está firmado por Consumidores Libres, el Cepis, ADDUC, la Unión de Usuarios y Consumidores, la ACDH, Lideco y Deuco.

En el texto indican que el 28 de diciembre presentaron en el Congreso de la Nación, un documento reclamando la anulación del DNU 70/2023, «en defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores que se ven seriamente afectados» por esa norma.

En relación con la audiencia, aseguraran que participarán para manifestar su rechazo al «aumento de tarifas propuesto por las empresas de Transporte que supera el 300%». También, al «incremento propuesto por las Distribuidoras de Gas Natural que llegan hasta un 450% de aumento». Junto con ello, impugnarán «el incremento tarifario automático que quieren implementar las Transportistas y Distribuidoras a partir de marzo 2024».

Las siete asociaciones reclamarán también por «la normalización del Enargas, intervenido desde 2004, con la debida participación de los usuarios» y «la participación de las Asociaciones de Usuarios en el proceso de Revisión Tarifaria Integral».

Este último punto es central. La audiencia, que es no vinculante, es la única instancia en la que el Enargas da lugar a estas asociaciones para que puedan opinar sobre la Revisión Tarifaria Integral, la última de las cuales se llevó a cabo en 2016 para el período 2017-2022, pero que fue congelada con la crisis desatada por la devaluación de 2018.

¿Y los subsidios?

Como se observa, la audiencia no discutirá los subsidios que reciben los usuarios del servicio de gas domiciliario. Esto es porque su definición depende de la Secretaría de Energía, que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo. Este funcionario ya adelantó, en sintonía con el DNU 70/2023, que la quita de subsidios se realizará por tercios y a lo largo de tres años, aunque no está claro el ritmo que adoptará la retirada de los beneficios.

Según se sabe, el plan es que todos los usuarios reciban la tarifa plena en función de sus consumos y luego figure el subsidio que reciben, el que estará focalizado solo en los sectores vulnerables. Esto quiere decir que la segmentación de usuarios en tres niveles dejará de existir. Los que revisten en el Nivel 3, de ingresos medios, pasarán a pagar la tarifa plena sin subsidios, cosa que ya pasa con el Nivel 1. En el Nivel 2, en el cual están empadronados unos 3 millones de usuarios, la propuesta oficial es subsidiar el consumo de gas hasta un tope, superado el cual el usuario pagará la tarifa plena.

Osvaldo Bassano, de ADDUC, participará de la audiencia de mañana. En diálogo con Tiempo, sostuvo que «existen irregularidades en el llamado a audiencia, no hay documentación oficial agregada que explique la mirada oficial de los siete puntos de la convocatoria, violentando el derecho a la información que establece la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional».

Agregó que otra irregularidad es que la audiencia no será híbrida (presencial y remota).

Y apuntó que hay dudas por la falta de información en relación «con lo que se pretende con el PIST, si se va a seguir aceptando el precio actual, se va a modificar o ante la devaluación, va a perjudicar a los consumidores». «