Audiencia pública por RTA: la sociedad podrá evaluar a los medios públicos

Uno de los pocos organismos que sobrevivió a la demolición por etapas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual determinada por el gobierno nacional, intenta cumplir su función legal en relación a los medios públicos argentinos. Se trata del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, que convoca a una audiencia pública para el próximo miércoles 30 de noviembre para evaluar la programación, contenidos y funcionamiento de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y, además, abrir canales de diálogo que busquen articular propuestas conjuntas.

Tras la situación de acefalía en la que cayó la Defensoría del Público después de la decisión de Cambiemos, al menos hasta el momento, de no impulsar el procedimiento legislativo para renovar su conducción o revalidarla por un período, el Consejo creado a partir de la ley 26522 y presidido por Juan Courel, sobrevive casi en soledad pese a que hasta el momento no cuenta con los recursos financieros y logísticos que debe proporcionarle el directorio de RTA SE para su funcionamiento, tal como lo fija la parte de ley audiovisual que no fue derogada por decreto. 

Existir y debatir. La audiencia será en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, de 10 a 16 horas, con inscripción libre y gratuita. A principios de octubre, por primera vez en esta etapa de Cambiemos en el gobierno nacional, el directorio de RTA presentó su informe de gestión que, según la ley, debe entregarse semestralmente al Consejo.

Durante el gobierno anterior, el cumplimiento de esta parte de la ley e incluso la creación misma del Consejo, también se atrasó. Pero más allá de los tiempos, se intentará poner sobre el tapete cuestiones que preocupan no solo a los consejeros – que representan a universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, pueblos originarios, gobiernos provinciales, al Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia- sino a las audiencias y al público en general. Entre ellas, despido de trabajadores, caída en los niveles de audiencia con ausencia de herramientas de medición, reemplazos de directores de Radio Nacional en las provincias, falta de renovación de espacios para producciones de pueblos originarios, incumplimiento de cuotas de contenidos infantiles, falta de federalización de contenidos, problemas de acceso en diferentes territorios, entre otras.

“Esta es una convocatoria amplia a todos los sectores sociales y a todas las audiencias” subrayó a Tiempo el presidente del Consejo Juan Courel, quien finalmente  fue recibido el miércoles por las autoridades de RTA para dialogar sobre la audiencia.

“La idea es dar cumplimiento a la Ley 26522, que contempla el control social de los medios públicos, de los medios del Estado nacional, a través del Consejo”, consignó. “A partir de las conclusiones de esta audiencia pública, el Consejo va a presentar un informe, también contemplado por ley, ante la Comisión Bicameral de (Seguimiento) la Comunicación Audiovisual, que entiende sobre las actuaciones de RTA”, adelantó.

Sobre el informe que presentó RTA en octubre, aunque no cumplió con los plazos previstos, Courel destacó: «Sí vemos con optimismo el hecho de que se haya asegurado la continuidad institucional. Esto implica un gran esfuerzo por parte de los consejeros durante los primeros meses del año, porque no habíamos contado con ningún respaldo oficial” reconoció. “Pero bueno, ya el reconocimiento de la existencia del Consejo es un gran avance, porque entendemos que es una ventana a la democratización de la comunicación, que es que los medios públicos puedan ser evaluados por la sociedad, por la ciudadanía, por las audiencias” reflexionó. 

Derechos humanos y medios públicos. “Nosotros básicamente planteamos una preocupación en la reducción no sólo de contenidos vinculados a Memoria, Verdad y Justicia, sino también en las cobertura de los juicios, y en particular en lo que tiene que ver con el despido de algunos trabajadores, tanto de Radio Nacional en Buenos Aires como en otros lugares, donde sabíamos que eran quienes estaban especialmente trabajando estos temas”, señaló a Tiempo Giselle Tepper, de Hijos y vocal en el Consejo en representación de los organismos de derechos humanos junto a Manuel Barrientos. “La respuesta que tuvimos fue una negación de los despidos, y con lo otro, cuando expusieron el informe ellos consideraban que incluso se había ampliado esto, cosa que para nosotros no es real” sostuvo.

“Por eso hemos pedido un informe, para saber en qué se basan, que tipo de coberturas estuvieron haciendo. Y también les reiteramos un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, transmitimos esa preocupación de que se continúe dando difusión a la búsqueda de los nietos. Nosotros consideramos que hay una reducción en las coberturas y en la inclusión en agenda, con debilitamiento de los contenidos, porque sacaron a quienes estaban decidiendo editorialmente sobre esto, equipos de investigación, periodistas, columnistas”, aseguró.

El debate es más extenso, y promete ampliarse aún más en la audiencia. Hay tiempo para inscribirse hasta el 28 de noviembre, en https://audienciapublica2016cchmp.wordpress.com/