Audiencias públicas ‘a medida’: el modus operandi del gobierno porteño para evitar la participación ciudadana

Unas horas antes, Mariano Pasi pidió en el trabajo si le cambiaban el día. «Tengo una reunión importante a la que no puedo faltar», argumentó. El viernes 1 de Julio se levantó temprano y preparó su exposición, repasó las reivindicaciones urgentes debatidas en la asamblea, los argumentos que plantea el Gobierno de la Ciudad. Y se dirigió hacia la sede comunal 6 de Caballito donde iba a realizarse la audiencia pública por el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta busca concretar en ese barrio, con un alto rechazo vecinal. «No puede pasar –lo enfrentó un hombre de seguridad en la entrada–. Está colmado».

En ninguna de las tres audiencias que se llevaron a cabo por ese proyecto oficial permitieron la entrada de público, pese a la insistencia de cientos de vecinas y vecinos que quedaron afuera de las instalaciones, reflejando un modus operandi del Ejecutivo de CABA a la hora de organizar audiencias públicas: listas con empleados estatales apoyando las obras; ciudadanos que quedan afuera, a pesar de lo que dicta la ley; y la falta de difusión del llamado a audiencia pública por los medios oficiales. Esta metodología de la gestión de JxC empezó a multiplicarse tras la participación récord de más de 7000 personas en la audiencia sobre Costa Salguero, en noviembre de 2020. Desde ese momento, el Ejecutivo porteño comenzó a restringir las audiencias en temas controvertidos, por temor a rechazos masivos de la comunidad.

«El 1 de julio dejaron a cientos de personas afuera de la audiencia, muchas se habían inscripto para exponer pero como la sala siempre estuvo llena de empleados de la Ciudad, no nos dejaban entrar argumentando que el protocolo Covid no lo permitía», recuerda a Tiempo Pasi, integrante de la asamblea del barrio. Al lunes siguiente armaron otra audiencia a las apuradas sin los tiempos necesarios de inscripción. La fijaron a las nueve, horario laboral, en el salón de la Confitería El Greco. «Muchos que se pudieron anotar de casualidad, porque no lo informaron por los canales correspondientes, avisaron que iban a llegar más tarde porque estaban en el trabajo; la audiencia debía extenderse hasta las 18 pero el presidente comunal del PRO, Federico Ballán, la cortó a las 14. Más de la mitad de los vecinos no pudieron exponer porque no llegaron».

La gran mayoría de los expositores de la lista fueron conocidos empleados de la gestión porteña. Uno fue un exmiembro del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura, Vicente Engelman, que en 2015 integró un listado de candidatos a comuneros por el PRO dentro de la Comuna 6.

«En los últimos años notamos que hubo una mayor participación ciudadana de miles de vecinos en las audiencias públicas, yo creo que es por el rechazo que generan las obras inconsultas que propone la Ciudad. El gobierno tomó nota y hace lo imposible para minimizarla”, analiza Pasi.

De acuerdo a la ley que regula las audiencias públicas en CABA, la autoridad “habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. El artículo 4 Bis de dicha Ley señala que las audiencias públicas pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. “Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores y público”.

María Angélica Di Giácomo es la presidenta de la agrupación Basta de Mutilar (BdM), dedicada al resguardo de los espacios verdes y la vegetación de la Ciudad: “participamos desde hace varios años en audiencias referidas a obras públicas, privatizaciones de espacios verdes, enajenaciones de tierras públicas, modificaciones del código urbanístico. Nunca nos enteramos por vía institucional, siempre por la red de agrupaciones ciudadanas de la que formamos parte”. Sostiene que a pesar de la enorme maquinaria de comunicación del GCBA que se pone en funcionamiento para simular participación ciudadana con encuestas en las redes, “las audiencias públicas permanecen casi en secreto hasta que las leyes son aprobadas. Esto se hizo esto muy evidente con el nuevo Código Urbanístico. Fuimos cientos de personas, pero la mayor parte de la población se enteró cuando empezaron a demoler los edificios linderos».

Vecinas, vecinos y comerciantes de las Comunas 7, 9 y 10 de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos y Flores, rechazan otra obra polémica. Se trata del nuevo Metrobus que buscan construir en las avenidas Alberdi y Directorio que, en principio, perjudicará fuertemente a cientos de comercios. La audiencia pública se llevó a cabo el 7 de noviembre. La convocatoria la realizó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA). «Participaron unas 50 personas, y la mitad de ellas no eran de los barrios afectados. Más bien parecían empleados contratados con un discurso preparado», denuncia Favio Pirone, juntista de la Comuna 9.

En el Metrobus de Alberdi reclaman la nulidad de la audiencia pública, porque la medición de impacto ambiental no incluyó los aspectos sociales y económicos. Pirone habla de manipulación de las audiencias: «sin dudas son ‘aparateadas’, y en otras ocasiones son ninguneadas o no tenidas en cuenta, al no ser vinculantes. Queda claro que el Gobierno de la Ciudad las convoca porque no le queda otra, y en general toman la decisión antes haciendo un análisis de costos–beneficios en términos de su voracidad depredadora».  «