
Los cortes comunicados por el ENRE son relevados por las propias distribuidoras. El organismo controlador no tiene un sistema propio de detección. Cómo va a ser creíble esa información, si la fuente son las propias distribuidoras. No hay un parámetro creíble.
No se puede pretender que las instalaciones estén pensadas para soportar 40 grados y sólo se use tres días al año. El sistema está diseñado para una temperatura equis, que es mucho menor a 40° y mayor a 20°. Pero es tal el grado de desinversión y de falta de mantenimiento que cualquiera sea ese límite, no existe porque no hay mantenimiento.
Las distribuidoras no pueden alegar que no tienen dinero, si por tener espalda financiera ganaron la licitación en 1992. Aún cuando el Estado decide bajar el valor de la tarifa -que tiene facultades jurídicas para hacerlo-, deben hacer las inversiones o abandonar el servicio y que se convoque a una nueva licitación. Nada de eso ocurre. Está tan tergiversado este sistema, que los principios de la privatización del 92 no se cumplen en absoluto. Los principios centrales fueron abastecer toda la demanda y realizar las inversiones correspondientes. Todo eso se ha ido al tacho.
En este contexto, tener una Revisión Tarifaria Integral (RTI) de este calibre no tiene sentido. La RTI supone inversiones, pero no se sabe si las hacen porque el ENRE está acostumbrado a un criterio desactualizado, que es el control por resultados. Si hay fallas, el ENRE penaliza con multas económicamente absurdas para los números que manejan estas compañías. Así las cosas, todo el esquema está tergiversado y este resultado es lógico.
Cammesa calcula el costo de la energía en todo el país. Es hoy en día un costo muy grande, excesivo. Está en torno a 70 – 75 dólares el megavatio. Es excesivo porque está influido por el precio del gas, que es muy caro. Es también caro el costo de la potencia y de otras variables que calcula Cammesa. Estos números no son razonables y deberían bajar porque afectan a todo el país.
Cuando pasen estas temperaturas el servicio mejorará, pero seguirán los cortes cotidianos. Sería prudente una auditoría pública para Edenor y Edesur, para conocer con rigor qué hacen y qué no.
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