Aumentan las denuncias por abusos en el ámbito psi: ¿se viene otro #MeToo?

Psicólogos que le piden nudes a su paciente “para ver si está poniendo en juego su ‘trauma’”, analistas que buscan tener sexo dentro o fuera de la sesión “para curar la neurosis” o que les sugieren que se hagan un perfil en Only Fans “para pagar las sesiones”; son solo algunas de las denuncias recibidas por la Red federal de psicólogas y psicoanalistas contra los abusos, las violencias machistas y de género (RedFedPsi) sobre un fenómeno invisibilizado “pero no aislado” que dos denuncias públicas trajeron abruptamente a la luz pública esta semana.

Según medios nacionales que tuvieron acceso a los expedientes, el Colegio de Psicólogos de Quilmes le suspendió la matrícula por 12 meses a Paolo Carlos Becerra por diferentes denuncias de abuso sexual, manipulación y tocamientos que también investiga la UFI 8 de Quilmes. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos le inició una investigación penal al psicoinfluencer conocido como Doctor Chinaski –Javier Pérez– por delitos sexuales y abuso de poder en el ámbito universitario.

De hecho se conformó en 2022 con una serie de denuncias contra otro docente universitario, escritor, psicólogo y filósofo que llegó a tener una causa penal por “abuso sexual, mala praxis y abandono de persona” así como una perimetral que le impedía acercarse a su víctima. Seis años después él sigue dando clases, vendiendo libros y escribiendo artículos, mientras las dos denunciantes siguen intentando reconstruir sus vidas sin haber tenido justicia.

Por otro lado, a fines del año pasado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 procesó al “numerólogo” y “consultor psicológico” Daniel Martínez por los delitos de “estafa mediante la utilización de falsos títulos y el ejercicio ilegal de la medicina en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal” de tres mujeres, según consta en el auto de procesamiento al que tuvo acceso Tiempo Argentino y donde se relata que quien se presenta como “doctor en psicología”, contaba con la colaboración de verederos profesionales de la salud mental. Sin embargo, Martínez sigue atendiendo, dando cursos y conduciendo su programa de radio.

“La Red se formó porque nos empezaron a llegar testimonios a partir del acompañamiento que dimos a una persona que denunció públicamente. Comenzamos a apoyar y orientar estas demandas o situaciones, conscientes de la necesidad de visibilizar esas violencias y abusos de poder en el ámbito psi (psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras), que se dan tanto en el espacio académico como en el del consultorio”, dijo a Tiempo la licenciada en psicología, criminóloga, psicoanalista y referente de la RedFedPsi Verónica Cardozo.

“Justamente uno de los propósitos de la Red es sistematizar los testimonios como para poder ubicar estos datos: dónde se dan, de qué manera se dan, contra quiénes se dan…porque las víctimas no son siempre mujeres sino también hombres y población LGBT+”, agregó quien es codirectora del Espacio Psicoanálisis, Género y Diversidad y durante 23 años trabajó en el Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal, llegando a dirigirlo.

Asimetría y manipulación

Muchas son las especificidades del vínculo terapeuta-consultante que el agresor puede subvertir, distorsionar, alterar para violentar a las o los pacientes o estudiantes, pero, como cualquier otro caso de violencia de género, ésta se asienta fundamentalmente en “la asimetría de poder” referenciada en el patriarcado.

“La gravedad de estas prácticas radica en que se producen ahí donde una persona va a pedir ayuda para aliviar su sufrimiento. Y justamente esa confianza es la que el abuso destruye, además de producir un daño que no es solo sexual o emocional, sino que es simbólico, ético, subjetivo. Y lo peor es que luego esas personas no vuelven a consultar con un profesional”, dijo Cardozo

La especialista explicó que los agresores se suelen aprovechar de que el espacio de la consulta es “un ámbito cerrado, íntimo, sin testigos ni registros”, pero también de una interpretación equivocada y maliciosa del “vínculo transferencial” así como de las vivencias de abusos previos de algunas consultantes.

“La palabra de quien denuncia es la única prueba posible y encima no es creída. Esa incredulidad forma parte del daño, porque a la violencia inicial se le suma la desmentida social e institucional”, dijo

“Fernando Ulloa llamó a estas situaciones ‘encerrona trágica’ porque es un escenario en el que la víctima queda atrapada sin tercero de apelación, con el agresor ocupando simultáneamente el lugar de quien hiere y de quien puede reparar”, agregó

En ese contexto, “el abuso se sostiene en esa asimetría de poder, de saber, de prestigio”, que son “todas armas simbólicas que paralizan y ayudan a silenciar al paciente”, a su vez invadido por sentimientos de “confusión, culpa, vergüenza e incluso la sensación de haber sido cómplice” sin tener en cuenta que “el consentimiento está, en principio, viciado por tratarse de una relación asimétrica”.

“Esto ocurre no sólo porque existen malos profesionales sino porque el consultorio no está fuera de la cultura: reproduce jerarquías de género, de saber, de autoridad que organizan lo social”, dijo

“Y la figura del terapeuta varón, blanco, formado, autorizado todavía conserva algo de esa aura de impunidad heredada del patriarcado. Se lo ubica en un lugar de saber absoluto, mientras que el que consulta se lo sigue poniendo en el lugar del que no sabe, fantasea, que ‘te invita a pasar a otra cosa porque se autopercibe linda’ como dijo un profesional en una entrevista”, agregó.

Entre los reaseguros con los que cuentan las y los pacientes o estudiantes para prevenir situaciones de abuso, se cuenta la consulta a las bases de datos de los colegios profesionales o el Ministerio de Salud, así como la firma conjunta de un consentimiento informado antes de comenzar un tratamiento.

Por otro lado, queda pendiente una campaña oficial de“sensibilización” así como la difusión de las leyes o códigos de ética”, porque “cuando más se conozca qué se espera de un espacio terapéutico y que no”, más fácil será prevenir, identificar y denunciar estas situaciones.

Qué hacer

Ante casos consumados, “lo primero que tiene el paciente es cortar el vínculo, contar a otros lo sucedido, resguardar alguna prueba (si la hubiera), pedir asesoramiento en la red o grupos especializados, denunciar en el colegio al que pertenece el profesional y recurrir a la justicia si se presume que hay delito”.

Dos suelen ser los reclamos habituales de los medios y la opinión pública para dar credibilidad a estas denuncias: que se identifique con nombre y apellido al agresor, y que el testimonio venga acompañado por un expediente judicial.

Estos reclamos no tienen en cuenta la necesidad de respetar los tiempos de la víctima y el temor que genera el contraataque que suelen adoptar los denunciados contra las víctimas y quienes las acompañan, pero tampoco el hecho de que “no siempre se trata de delitos sino de faltas éticas” que pueden ser abordadas por un tribunal de disciplina profesional.

“La justicia niega, revictimiza, pide pruebas, archiva. Los colegios profesionales y las instituciones educativas encubren y amenazan con sanciones a quienes replican los testimonios. La palabra del denunciante queda expuesta a nuevas violencias”, dijo.

La única manera de romper este pacto de impunidad es “que quien logre poner en palabras, encuentre un otro que lo aloje y que le crea”, porque de esta forma más víctimas se sentirán habilitadas a contar y juntas tendrán la fuerza necesaria para hacer una denuncia colectiva, en el marco de la cual “la suma de testimonios puede constituirse en una prueba, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad”

Desde la Red piden a las instituciones y a los medios “que se den lugar a los testimonios porque no es escrache, es visibilización”; y a sus colegas, “no callar más, cuidar nuestra profesión y a nuestres consultantes y pacientes”.