La austeridad que proponen Dujovne e Ibarra es una amenaza para los trabajadores, a los que les ofrecerán una actualización de sueldos sin revisión y por debajo de la inflación proyectada.

Según Clarín y La nación, la propuesta inicial era un «12% de aumento y sin cláusula gatillo y sumar un bono de productividad al premio por presentismo que se implementó con la paritaria pasada». Sin embargo, cerca del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confiaron el porcentaje del 15% y un funcionario con oficinas en la Casa Rosada explicó que «es muy difícil insistir con un número menor al 15%», sin mencionar que las previsiones inflacionarias de estos meses ya fueron superadas por el traslado a los precios de la crisis financiera que se consolidó luego de la corrida cambiaria posterior al feriado largo del 1° de Mayo.
Sin embargo, el camino previsto por el Gobierno para llegar al 15% estaría poblado de obstáculos. Uno de ellos es la negativa oficial para aceptar una cláusula de revisión que permita aumentar ese porcentaje ante la evolución de la inflación, y la otra es la cantidad de despidos que coordina Modernización en distintas áreas del Estado, donde la estrategia apunta a bajar el porcentaje de actualización a cambio de frenar la nueva ola de despidos. Ese elemento también está en discusión, ya que uno de los puntos principales que definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como nuevo coordinador del equipo económico, es acelerar el ajuste previsto para este año, especialmente en la reducción de personal público.
En la cita que mantuvo esta semana con nueve ministerios, el funcionario les pidió «medidas ejemplares de austeridad» en sus reparticiones, para ajustar las estructuras a los achicamientos establecidos por los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui: los dos «controllers», que cumplen funciones de viceministros en la jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña.
Los dos funcionarios llevan adelante la geografía del ajuste dentro del Estado, cuya ejecución es monitoreada por Ibarra, dentro de las nuevas pautas de achicamiento que establece Dujovne al frente del fragmentado equipo económico.
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