Aun no cumplen con liberar miles de presos políticos en Colombia

Tras la firma de los llamados Acuerdos de la Esperanza en noviembre de 2016, posterior a una renegociación por el adverso resultado del plebiscito del 2 de octubre, se logró avanzar en la fase de implementación, no por ello menos difícil.

A diferencia de las negociaciones que con mucha urgencia pretendía el gobierno finalizar, en la implementación han sobresalido la lentitud, la carencia de mecanismos institucionales expeditos para la ejecución de proyectos, la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y la reticencia de sectores opuestos a las fuerzas del cambio que buscan “hacer trizas los acuerdos” y negar los espacios de participación política a la militancia de las FARC-EP, quizá por temor a enfrentar un proceso de renovación política con la apertura democrática pactada.

El pasado 27 de junio las FARC-EP finalizaron el proceso de dejación de armas, acto de cumplimiento y demostración de unidad, compromiso y esperanza en los cambios por venir.

Con éste acontecimiento, dejaron de ser una organización político-militar para avanzar a la legalidad y la acción política abierta, proceso que reclama la participación tanto de las fuerzas democráticas, progresistas, revolucionarias y la ciudadanía colombiana en su conjunto, como de la solidaridad internacional.

Desde Colombia las fuerzas sociales y políticas democráticas llaman en ese sentido a estar alertas en el desarrollo de los acontecimientos para denunciar oportunamente los incumplimientos del gobierno, como para saludar los avances en la implementación y vincularse a participar en terreno de las veedurías, brigadas de apoyo y acciones internacionales de visibilización de la situación.

Uno de los incumplimientos que más preocupa es respecto a la Ley 1820 de 2016 que declara la amnistía general para aproximadamente 3400 combatientes de las FARC-EP, prisioneros y prisioneras en las cárceles colombianas.

A la fecha un escaso 30% de estas personas han salido y por ello desde el pasado lunes 26 de junio 1800 militantes de esa organización han iniciado una huelga de hambre para exigir el cumplimiento de la ley que les debe otorgar la libertad inmediata. A ésta drástica acción colectiva se ha sumado el Comandante Jesús Santrich quien en la actualidad es uno de los 3 voceros en la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación (CSIVI).

Es necesario que el mundo sepa de esa valiente determinación de quienes por ley ya debieran estar en libertad, de modo que las fuerzas de la guerra, la narcopolítica y la dependencia no logren invisibilizar el curso actual de la vida colombiana.