Aunque la escala de Ganancias subirá un 35% en 2021, preocupa a los gremios el impacto en el salario

Martín Guzmán recorrió días atrás la planta de Toyota en la localidad de Zárate. El CEO de la compañía, Daniel Herrero, aprovechó para transmitirle una inquietud. Explicó que la reactivación de la producción de la Toyota Hilux corre riesgo por la resistencia de los operarios a trabajar los sábados y feriados porque gran parte de los ingresos adicionales que obtienen por horas extras los pierden con el pago del impuesto a las Ganancias.

Es la preocupación que también recorre, entre otros, a los trabajadores del neumático, bancarios, petroleros, aceiteros y a todos aquellos que obtuvieron aumentos paritarios que equipararon o superaron la inflación.

Alrededor de 2,3 millones de trabajadores asalariados y jubilados, en promedio, pagaron Ganancias entre enero y agosto de 2019, un 94% más respecto de 2015. El número se ha incrementado sostenidamente durante dos décadas por la suba de precios y la ausencia de un mecanismo de actualización del umbral a partir del cual se tributa. Esa fórmula recién se sustanció en 2016 con la promulgación de la Ley 27.346 que fijó la actualización a partir del año 2018 según la evolución del índice RIPTE (que elabora el Ministerio de Trabajo) entre octubre de un año a otro y que acaba de establecer una suba del 35% para 2021.

Ese mecanismo tampoco impidió que la cantidad de asalariados afectados se incrementase en un 20% entre 2018 y 2019. Si bien no se cuenta con datos de todo el año (ver recuadro), es posible que el número haya mermado sobre el final de 2019 como resultado de la suba del 20% que dictaminó el gobierno de Mauricio Macri luego de su derrota en las PASO aunque luego se haya desestimado aplicar el mecanismo para 2020.

No existen datos oficiales disponibles que den cuenta del alcance del tributo este año. Sin embargo, según las repuestas que realizó el jefe de gabinete a los diputados el pasado 11 de noviembre, el número de jubilados y pensionados gravados llegó a 382.016 en agosto. Se trata de una suba del 35% con relación a 2018. Si se proyecta ese porcentaje al total, implicaría que 2,59 millones de asalariados y jubilados pagan Ganancias.

Esa proyección, de todas formas, pasa por alto el impacto del desempleo sobre los trabajadores asalariados y, por lo tanto, la potencial reducción de los sujetos activos imponibles.

Al igual que con la movilidad jubilatoria ocurre que, en un contexto recesivo y de caída del salario real, la fórmula de movilidad vinculada con el RIPTE relega la actualización del mínimo no imponible. Como resultado, la cantidad de sujetos alcanzados debiera mantenerse estable e incrementarse entre aquellos sectores laborales cuyos salarios se actualicen en línea con la inflación o por encima. En el mismo sentido, se reduce paulatinamente el diferencial que existe entre la canasta básica que mide el umbral de la pobreza y el mínimo no imponible; hoy están distanciados en solo un 10 por ciento.

El Sindicato del Neumático ya manifestó su preocupación por lo que ocurrirá a partir de las subas salriales. Alejandro Crespo, su secretario general, señaló a Tiempo que «quienes, con la participación consciente y activa de los trabajadores, hemos conquistado acuerdos salariales por encima de la proyección inflacionaria tenemos un problema porque pretenden mantener el impuesto a las Ganancias con las mismas condiciones y que parte de esos aumentos salariales sean confiscados por el impuesto». Esto sucede «en un contexto muy duro para los trabajadores en general por la pandemia y las condiciones laborales modificadas por las patronales», agregó Crespo.

Por eso, el objetivo es evitar que el gravamen afecte a más trabajadores y a los que ya lo estaban les incrementen los descuentos: «Entendemos que en un momento de emergencia como este, el impuesto debería ser inmediatamente exceptuado sobre cifras como vacaciones y aguinaldo».

El reclamo también está presente en el SMATA, con el caso de Toyota entre los conocidos y, según trascendió, el ministerio de Producción, Matías Kulfas, evalúa la posibilidad de una excepción para los haberes resultantes de las horas que exceden las 200 mensuales que establece el convenio.

Esa modalidad de eximir el pago sobre las horas extras ya se empleó este año para el caso del personal esencial vinculado al sector de la salud y de seguridad a partir de la ley 27.549 que los eximió de ese tributo para horas extras y guardias. «

El laberinto de los datos oficiales

Determinar la cantidad personas que se ven afectadas por el impuesto a las Ganancias resulta una quimera.

Es que el organismo encargado de realizar los descuentos, la AFIP, si bien publica mensualmente la evolución de la recaudación por ese ítem, no discrimina cuánto proviene de las empresas y cuanto de la Cuarta categoría, que incluye asalariados y jubilados.

Los datos disponibles surgen de las preguntas que realizan los diputados nacionales al jefe de Gabinete año tras año. Así ocurre con la serie que va desde 2015 hasta 2019 y que muestra una incremento del 94% de las personas afectadas. Para 2020, el único dato disponible surge de la pregunta 835 (de un total de más de 1200)  de la última visita de Santiago Cafiero a la Cámara baja que sólo indagó sobre los jubilados afectados y que alcanzaron los 383.016 en agosto, un 35% más que los registrados en 2018.

Otro fallo favorable a jubilados

En los primeros días de noviembre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que prohibió a la Afip descontar sumas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre los haberes previsionales de una pareja de jubilados.

La Sala I de la Cámara ratificó la medida dictada en primera instancia. Los jubilados citaron el precedente «García, María Isabel» de la Corte Suprema de Justicia y plantearon la inconstitucionalidad de la Ley 20.628 para que se declare que los beneficios jubilatorios no se encuentran alcanzados por esa norma. La Afip se opuso a la cautelar argumentando que no se tuvo en cuenta el interés público y que, a diferencia del caso citado, no se demostró el estado de «vulnerabilidad» de los jubilados.