Australia prohíbe las redes sociales para menores de 16: los desafíos de una norma inédita en el mundo

Este miércoles, Australia se convirtió en el primer país del mundo en aplicar una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las grandes redes sociodigitales. Este avance inédito en la regulación de las redes se justifica, según las autoridades, en la necesidad de proteger la salud mental de niños y adolescentes, según el Gobierno de Camberra.

Legisladores de todo el mundo siguen de cerca la implementación de esta estricta legislación y evaluarán los resultados, con la posibilidad de que la medida se replique en otros países.

La normativa fue aprobada tras meses de deliberación y consultas con expertos y organizaciones, aunque despertó el esperable reclamo de las plataformas y de grupos de jóvenes, y el gran interrogrante: ¿es posible de implementar una ley así?

Un cambio social y cultural

El primer ministro Anthony Albanese defendió que la legislación representa “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en Australia y será “motivo de orgullo nacional en los años venideros”.

Comparó la medida con la edad legal para consumir alcohol y remarcó que, aunque algunos adolescentes puedan evitar la restricción, establecer un marco normativo nacional resulta beneficioso para la sociedad, que podrá hablar sobre los riesgos de Internet y redundará en un mayor bienestar.

“Hemos dicho muy claramente que esto no será perfecto, pero es lo correcto para que la sociedad exprese su opinión sobre lo que es apropiado”, sostuvo Albanese.

Multas millonarias y salud mental

Plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Kick, deberán demostrar que adoptaron “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de la edad permitida. De no hacerlo, podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

Las autoridades australianas argumentan que el aumento de la presión digital, el acceso a contenidos violentos, el ciberacoso, engaños pederastas (‘grooming’) y la exposición algorítmica a material misógino o dañino representan riesgos para la salud mental de los menores.

Durante el proceso de debate legislativo, diversos padres que han perdido hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis agravadas por el uso de redes sociales participaron en actos públicos respaldando la medida, cuyo objetivo es frenar la escalada de problemas asociados al uso temprano de estas plataformas.

El lado de los usuarios

Respecto a los usuarios, la reacción de algunos menores fue la de crear cuentas antes de la entrada en vigor de la normativa con edades falsas, según reportó BBC. El medio inglés también dio cuenta del caso de Isobel, de 13 años, que tardó menos de cinco minutos en burlar la prohibición de redes sociales.

Una notificación de Snapchat, una de las diez plataformas afectadas, iluminó su pantalla, advirtiéndole que la expulsarían cuando la ley entre en vigor el 10 de diciembre si no podía demostrar que era mayor de 16 años.

«Conseguí una foto de mi madre, la puse delante de la cámara y me dejó pasar. Decía: ‘gracias por verificar tu edad’. Oí que alguien usó la cara de Beyoncé», añadió.

Y señaló a su madre, Mel: «Le escribí y le dije: ‘Oye, mami, ya pasé la prohibición de redes sociales’, y ella simplemente respondió: ‘¡Qué traviesa!'».

Otros optaron por gestionar cuentas de forma conjunta acordada con sus padres, lo que les abre las puertas a todo tipo de contenidos. Y un par de jóvenes recurrieron a los tribunales en nombre de la «libertad de comunicación», incentivados por el sector político libertario de Australia. 

Colectivos e instituciones advirtieron que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en adopción o con discapacidad, las redes sociales continúan siendo fundamentales para mantener vínculos afectivos, culturales y familiares. En esos casos estudian adaptar la medida para poder excluir a estos grupos.

La regulación, que afecta a al menos diez plataformas principales, exige a las compañías que sean ellas las que pidan verificación documental o escaneo facial a los nuevos usuarios para confirmar que superan la edad mínima.

El lado de las plataformas

El Senado australiano aprobó la medida que se centra en las obligaciones en las plataformas digitales y exime de sanciones a padres y menores.

Algunas empresas, como Google (dueña de YouTube, una de las redes sociales más usadas por los jóvenes), argumentan que la prohibición puede provocar el efecto contrario al que busca el gobierno australiano: que al no poder iniciar los menores su propia sesión, los padres perderán la capacidad de supervisar sus cuentas.

“Ya no podrán usar los controles que hayan configurado, como elegir una configuración de contenido adecuada o bloquear canales específicos”, declaró una directiva australiana de la compañía.

Para Elon Musk, propietario de X, la ley representa una forma de controlar “por la puerta de atrás” el acceso a Internet de los ciudadanos. Otras compañías tecnológicas criticaron la falta de detalle sobre los métodos de verificación que se les exigirán para impedir que los menores accedan.

Becerra, la regulación de plataformas y los datos de los usuarios

En Argentina, el experto en comunicación digital, TIC y sociedad e investigador del CONICET, Martín Becerra, explicó que la implementación de la ley australiana va a ser compleja en los primeros tiempos, “requiere además ciertos compromisos por parte de las grandes empresas dueñas de las principales plataformas de interacción social en entornos digitales, y alcanza sobre todo a las redes de meta Instagram y Facebook, a YouTube, que es de Google, a Twitch, que es de Amazon, alcanza también a X, de Elon Musk, la ex-Twitter, Reddit, TikTok, de ByteDance, la empresa china, en fin, grandes redes sociodigitales”.

“Es una ley que se inscribe en una tendencia mundial, el Parlamento Europeo tiene una discusión acerca de un proyecto para limitar también el uso y la habilitación de cuentas a menores de 13 años. El Congreso Brasileño, en septiembre de este 2025 sancionó una ley que le llaman contra la adultización de ciertas redes, en virtud de un escándalo que hubo sobre explotación sexual de menores en algunas grandes plataformas digitales, por ejemplo en YouTube. Y podríamos citar muchos otros países que limitan, por ejemplo, el uso de dispositivos digitales en establecimientos escolares, en Asia, Europa, también en el continente americano de manera creciente”.

Sostiene que es una tendencia que apunta a una problemática cada vez más reconocida, acerca de la falta de control por parte de usuarias y usuarios respecto de sus hábitos y rutinas de conexión a algunas redes, “algunas de las cuales eventualmente pueden tener algún impacto y cuya configuración algorítmica por parte de las propias empresas exacerba ciertos contenidos que pueden ser dañinos para su salud mental o física, o eventualmente pueden estimular el contenido más extremo, más radicalizado, o campañas antivacunas, aunque también tienen, por supuesto, efectos virtuosos y de contención en muchos casos”.

Y no siempre están exentas de problemas: “Por ejemplo, en la ley australiana, se delega ciertas facultades de identificación de usuarios a las propias empresas. Hasta ahora, bastaba con que la declaración de alguien que quisiera abrir una cuenta en una red sociodigital indicara que esa persona es mayor de 13, o de 16 o de 18 años, según sea el caso. Ahora se delega a las empresas un control sistémico, y no solo sistémico, un control caso a caso, para comprobar esa identidad. Por supuesto, esto se complementa de manera nítida con el acceso a datos personales de usuarios, y eso es problemático, incluso puede ser ilegal en muchos países, y puede representar un avasallamiento contra la privacidad de usuarios”.

Becerra, docente en las universidades de Quilmes y la UBA, enfatiza que esa identificación forma parte también de una discusión a nivel global, sobre la identidad verdadera o falsa de cuentas en las distintas plataformas: “El hecho, por ejemplo, de que las plataformas de Meta como Instagram o Facebook sean percibidas como menos violentas, en parte tiene que ver con una política corporativa que desestimula la existencia de cuentas que no tienen una identificación clara, esto es una discusión de fondo y que efectivamente toca derechos. No es menos cierto que preocuparse por estas cuestiones indicaría que tenemos que preocuparnos también por la elaboración de perfiles de menores de edad para vender publicidad o para vender sus datos, cosa que las plataformas digitales grandes realizan en todos los casos, y que es ilegal en sí mismo”.

Y concluye: “Si nos preocupa que el parlamento australiano o el gobierno de Australia, en este caso, delegue cierto control de identidad de sus usuarios para verificar la edad de los mismos, no debería ser menos preocupante el hecho de que, de facto, la regulación no legal, y en muchos casos ilegal, que sostiene el funcionamiento de las grandes plataformas digitales desde hace más de una década, ya controla, extrae, procesa y comercializa los datos de cientos de millones de personas menores de edad con fines comerciales o con otros fines. Este debate lo podemos situar en el contexto en el que la mentada autorregulación de las grandes plataformas digitales está en una crisis profunda y que ya tenemos elementos empíricos para cuestionar, porque hay efectivamente documentación por parte de las propias empresas, por parte de ex-empleados y ex-gerentes de las propias empresas, y por parte de muchos estados democráticos, que avalan ciertamente el cuestionamiento a la idea de que hay que dejar a las plataformas que elijan de qué modo funcionar porque ‘van a hacerlo en beneficio de sus usuarios’ cuando ya tenemos muchos años de constatación de que eso no ha ocurrido”.