Autodefensa legítima: por qué la justicia no cree en la palabra de las víctimas de delito sexual

Eva “Higui” de Jesús nunca pensó que un jueves 17 de marzo levantaría el micrófono en la puerta de los tribunales de San Martín para agradecer a una multitud eufórica por esa tan ansiada absolución judicial. Fueron seis años de una vida arrancada de sí misma, una vida desinflada por el sistema penal que se llevó 8 meses de su libertad y le vomitó años de libertad restringida, que la privó de atención médica cuando la necesitó, que no le creyó cuando dijo que sacó el cuchillo para defenderse de una violación grupal, que no investigó las violencias que sufrió y que sólo reaccionó para criminalizarla.

Todo ese periplo parece lejano cuando se la ve -en los videos que circulan en las redes sociales- agradecer el cariño, la sabiduría, la protección y el respeto que tuvo de las lesbianas y feministas organizadas. Las que cantan fuerte que “una lesbiana se defendió” y “al calabozo no volvemos nunca más”. Y eso que gritan describe muy bien la sustancia que alimenta la máquina de picar que es la Justicia penal. Las lesbianas, travestis, trans y mujeres que pasan por ahí son, precisamente, las que osan levantar la cabeza, las que expresan su identidad de género, se defienden y denuncian. Pero son también las que viven de changas, las que cartonean como Higui, las que organizan las ollas comunitarias, las que crían hijes y nietes, las que no consiguen trabajo o están precarizadas, las trabajadoras sexuales, las que tienen la piel marrón y las manos curtidas, las que no saben cómo hacer para reclamar sus derechos.

Higui de Jesús le dijo a la policía, al momento de ser detenida, que se había defendido de una violación y no le creyeron. ¿Por qué se duda de las víctimas cuando denuncian violencia sexual? ¿Por qué no les creen?

Los mitos que rodean la violación

Inés Hercovich es una socióloga, psicóloga social y especialista en Género que se ha dedicado en los últimos años a desentrañar las violencias sexuales. “Sigue siendo difícil para las mujeres hablar y aún para quienes quieren creerles, escucharlas cuando (la violación) no coincide con el relato construido de (lo que debería ser) una violación, las mujeres usan estrategias, si no pudieron defenderse por lo menos tratan que se les haga el menor daño posible”. Hercovich cuenta que la mayoría de las violaciones -en el caso de mujeres cis- hétero- las cometen varones con los cuales habían entablado cierto grado de familiaridad y confianza. No todos los casos están mediados por violencia física extrema. Es decir, la construcción de que sólo un extraño en la noche puede ser un violador es la excepción. Pero el mito está tan arraigado que “la propia mujer sospecha, se pregunta ¿y si yo no hubiera actuado así, si no me hubiera ido a ese lugar, o si hubiera regresado más tarde o más temprano?”, comenta.

Lo paradójico, quizás, es considerar que en el caso de Higui de Jesús, el intento de violación respondió a lo que el imaginario social ha construido de las violaciones. Un grupo de varones la atacó a golpes en la noche, intentó violarla, se defendió y sin embargo, a ella tampoco le creyeron.

Siempre en un campo de sospecha

“Las mujeres, salvo que tengan la suerte de llegar a un juzgado que tenga perspectiva de género, cuando entran al Poder Judicial por temas de Familia, violaciones o agresiones sexuales, entran a un campo de sospecha siempre. De sospecha de querer perjudicar a los varones, estar mintiendo o buscando algo más” dice a Tiempo, Enrique Stola, psiquiatra y psicólogo clínico que actuó como perito en la causa de Higui y en diferentes juicios de violencia de género. “En el caso de Higui, la sometieron a violencia institucional, pasó 8 meses presa y años esperando el juicio con todo el desgaste que eso significa, así pasa con (la mayoría de) las violaciones o agresiones sexuales pero también, cotidianamente, con las causas de violencia machista, es algo cultural”.

Stola dice que el marco de sospecha que envuelve a las mujeres y personas LGBTIQ+ está dado por un Poder judicial que se encuentra inserto en nuestra cultura donde la Iglesia Católica tiene una fuerte impronta y que a lo largo de la historia, ha descalificado a las mujeres. “Otro factor es la formación de abogados y abogadas dentro de las universidades, sin perspectiva de género que luego pasan a formar parte del Poder Judicial. Y ahora, dentro de la Justicia, hace dos años recién empezó la formación”, dice y agrega que “hay que sumarle las dificultades de acceso a la justicia de las mujeres por la situación de clase, racial y porque el hecho de ser mujeres”.

El acompañamiento que tuvo Higui desde las calles, con abogadas defensoras con perspectiva de género posibilitó su absolución. Estefanía Santoro, periodista de Revista Cítrica, que acompañó todas las jornadas dijo -mientras aún se festejaba la sentencia- que “ahora que la Justicia avala esa autodefensa (que hizo Higui) podemos decir que es legítima, que podemos defendernos, es un derecho cuando nos atacan”. Una victoria dentro del sistema penal que se dio incluso, a pesar de éste, es una conquista de la que se espera no retroceder.

La deuda penal con las mujeres

Consultada por Télam, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta dijo que las interpelaciones de los feminismos a la Justicia “impulsaron bastantes reformas (…) pero lo que está siendo más complejo y todavía es deuda (…) es la consideración de las violencias más invisibles a los ojos del sistema de justicia, como son aquellas que sufren las acusadas de delitos en contextos de vulnerabilidad o violencia de género (…) Cuando las mujeres o personas LGBT+ ingresan como acusadas (al sistema judicial), pareciera que entraran por otro canal” desprovisto de toda perspectiva de género.

Por otra parte, la secretaria a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, Raquel Ascensio, explicó que para el caso de las mujeres víctimas de violencia “están muy documentados los problemas de acceso a la justicia”.

Ascensio afirma que “los mismos estereotipos que aseguran la impunidad (de los agresores) luego castigan con la cárcel en caso de que esas mujeres (víctimas de violencia de género) aparezcan como imputadas en una causa penal”.