Con 13 votos a favor y ocho en contra, una comisión legislativa aprobó impulsar una denuncia de la Fiscalía General para investigar al mandatario y a dos de sus exministros por integrar una organización criminal.
«La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría», anunció en la noche del miércoles último la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
El documento contra Castillo y dos exministros de su Gobierno de izquierda fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides.
La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra, informó la agencia de noticias AFP.
Según la Fiscalía, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario».
La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales.
La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida del poder de Castillo, que asumió en julio de 2021.
«Es el inicio de todo un proceso», declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume.
Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Es la primera vez que la Fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia y que ya intentó destituirlo en dos ocasiones.
Castillo, un maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder, y el mes pasado logró que la OEA aceptara un pedido suyo de enviar una misión para certificar que se preserve la institucionalidad democrática en el país.
La denuncia es la segunda contra Castillo en el Congreso. Una previa, le imputa traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia.
La acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, lo que puede ocurrir este viernes.
Dicha acusación pide que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».
Este jueves, el Congreso de Perú tenía previsto discutir varios proyectos y temas, entre ellos un pedido de permiso para salir del país que presentó Castillo, que tiene programado participar de encuentros de alto nivel en México y Chile.
La conducción del Congreso ya le negó dos veces a Castillo las solicitudes para dejar el país.
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