Avanza la construcción de alcaidías y cárceles en el Conurbano para descomprimir los lugares de encierro

La medida ya cuenta con media sanción de Diputados. Ahora, las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense resolvieron en favor de la expropiación de los inmuebles.

Con el objetivo de descomprimir los lugares de encierro, la Provincia busca expropiar una serie de terrenos para construir al menos dos unidades penitenciarias y diez alcaidías para alojar detenidos. La mayoría de estos sitios se encuentran en el conurbano bonaerense. Tras la media sanción en Diputados, en la mañana de este jueves las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del senado bonaerense, resolvieron en un despacho conjunto en favor de la medida.

La reunión fue presidida por los senadores del Frente de Todos Gustavo Soos y Emmanuel González Santalla y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio César Alak, quien expuso ante las comisiones el plan integral en la materia y el proceso por el cual se determinaron cada uno de los predios a expropiarse en los partidos de La Matanza, Merlo, Quilmes, Moreno y Tigre.

«La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios permitirá brindar condiciones dignas a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad”, sostuvo el senador Soos, en tanto que se refirió a la ubicación estratégica de los predios por ser de “mayor cercanía y reforzar así el vínculo con su familia. Por otra parte, esto permitirá descomprimir la situación de las comisarías y los efectivos policiales que hoy se encuentran al cuidado de calabozos repletos, puedan volcarse a la prevención del delito que es su verdadera función».

Según se desprende de la norma, que ya fue aprobada en Diputados a fines de octubre y se encuentra en el Senado para su análisis, se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación una serie de inmuebles que serán transferidos en propiedad al Estado Provincial quien los asignará a través del Poder Ejecutivo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la construcción en el plazo de diez años de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales, las que se pondrán en funcionamiento en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

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