Avanza la denuncia contra Macri y Prat-Gay por ampliar el blanqueo a familiares

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia de las dos presentadas contra el presidente, Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por el “decreto a medida” que incluyó a familiares de funcionarios en la ley de Blanqueo, que el texto original expresamente excluía.

Marijuan se hizo eco de la denuncia de la diputada de Libre del Sur, Victoria Donda, paradójicamente una ex aliada de Prat-Gay, ahora denunciado. 

El fiscal respondió a lo que técnicamente se conoce como “la vista del 180”, es decir una consulta del juez –en este caso Ariel Lijo- para determinar si considera que hay un potencial delito que investigar o desestima la denuncia de plano porque no hay hipótesis delictiva. El fiscal dio impulso a la investigación y no sólo eso: pidió medidas de prueba, entre ellas conocer cuál fue el espíritu de la ley (es decir, el tenor del debate que redundó en la sanción final) y el decreto que le agregó un artículo a esa misma norma legal. No hay mucho misterio: si la ley dice “blanco” y el decreto le agrega “negro”, se alteró la división de poderes. El Poder Ejecutivo no hace las leyes; las promulga y las ejecuta. Pero no puede modificarlas sin intervención del Congreso.

Hay otra denuncia por el decretazo del blanqueo para familiares de funcionarios políticos. La realizaron diputados del Frente para la Victoria y recayó en el tándem fiscal Gerardo Pollicita – juez Sebastián Ramos. Todo parece indicar que ambas causas se unificarán y tramitarán ante el magistrado federal Ariel Lijo. 

El dictamen de Marijuan no es formalmente una “imputación” sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como “incumplimiento de los deberes  de funcionario público y abuso de autoridad”.

La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.