El próximo martes se abrirán las propuestas de las empresas belgas Jan De Nul y DEME. Concesionará por 25 años la vía navegable por la que circula el 80% del comercio exterior del país.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que aprobó lo actuado en la segunda etapa del proceso licitatorio para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Hidrovía.
La licitación contempla tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento sobre la principal ruta fluvial del país, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.
Durante la etapa técnica fueron evaluadas las propuestas de Jan De Nul NV y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), en base a antecedentes, experiencia operativa y planes de trabajo, bajo criterios validados por Naciones Unidas.
La ANPYN confirmó que Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos en la evaluación técnica.
El organismo también dejó constancia de que, pese a presentaciones realizadas por ambas compañías, no existieron impugnaciones formales en los términos previstos por el pliego licitatorio, debido a la ausencia de las garantías exigidas para ese procedimiento administrativo.
En ese marco, la Comisión Evaluadora ratificó las calificaciones otorgadas y mantuvo el orden de mérito de las ofertas precalificadas.
La apertura del Sobre N°3, correspondiente a las propuestas económicas, se realizará el martes 19 de mayo a las 13 a través del sistema CONTRAT.AR. Esa instancia tendrá un peso decisivo en la adjudicación final, ya que representa el 60% de la puntuación total del proceso.
Desde el sector privado destacaron el avance de la licitación y respaldaron el esquema impulsado por el Gobierno nacional. Entre las entidades que expresaron apoyo figuran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA, la Cámara Naviera Argentina y cámaras portuarias y marítimas.
Cumplidas todas las etapas de la licitación, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, que prevé inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares, a riesgo empresarial y sin aval del Estado. El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
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