Avanzada minera: nombran al lobbista de una empresa a cargo de un Parque Nacional

Si a lo largo de las últimas décadas las mineras vivieron tiempos de extractivismo con pocos o nulos controles, lo que sucede desde diciembre de 2015 es un proceso más profundo, potenciado en los últimos meses: mientras el gobierno ofrece en el extranjero sitios de la Argentina donde está prohibida la minería (por ejemplo, Famatina), se da un avance cultural de las mineras en diferentes facetas estatales, naturalizando su discurso. Desde Radio Nacional y la UBA hasta cargos jerárquicos del gobierno, e incluso en la dirección de un parque nacional en San Juan, cuyo flamante intendente viene de trabajar en la empresa que explota el cerro ubicado en esa misma zona.

Los dos lados del mostrador

«En el día de ayer asumió sus funciones como intendente del Parque Nacional El Leoncito, José Roco, profesional sanjuanino interiorizado con la dinámica del área protegida», señaló la Administración de Parques Nacionales el 15 de marzo pasado, en referencia al parque de 89.900 hectáreas ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan. En esa región cordillerana del departamento de Calingasta está el yacimiento de El Pachón, donde la minera suiza Glencore planea realizar extracciones, aunque todavía debe presentar un estudio de impacto ambiental. Mientras, continúa en litigio con la chilena Pelambres, que usó 52 hectáreas de El Pachón como escombrera, sin permisos, traspasando la frontera y afectando lagunas y cauces de agua.

Pero José Adolfo Roco no es un intendente cualquiera. Viene de ocupar diferentes cargos en la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Cooper SA, entre otros el de superintendente de Relaciones Comunitarias. Xstrata, con sede en Suiza, tiene como principal accionista a la gigante Glencore. Es decir, Roco será el encargado de administrar un área protegida en la misma región donde su exempleadora busca extraer minerales.
Este conflicto de intereses no es potestad solo de Roco. Sucede en el seno de la Secretaría de Minería, donde semanas atrás Santiago Dondo renunció a la Subsecretaría de Política Minera, clave para el plan de Cambiemos de inversiones y desregulación del sector, por cortocircuitos con Daniel Meilán. En su lugar nombraron al abogado Juan Bisset, exjefe de Legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo. Así lo denunció Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y apuntó otro funcionario, Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, acérrimo defensor de la quita de retenciones al sector, al punto de preguntarse públicamente: «¿Tan difícil resulta comprender que con esta decisión miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?».

De la ley

Roco también representó a Xstrata Copper en el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), como titular de la Comisión Revisora durante el tratamiento y aprobación de la Ley de Glaciares, a la cual se opuso. Para GEMERA, es posible «proteger los verdaderos glaciares sin restringir el desarrollo minero y petrolero».

En la misma sintonía, para «agilizar» las inversiones extranjeras, hoy el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar con una reglamentación de la Ley de Glaciares mucho más flexible. Unos 10 mil millones de dólares en inversiones extranjeras ofrecidas en el último tiempo abordan siete proyectos ubicados en áreas que forman parte del Inventario Nacional de Glaciares: Agua Rica (Catamarca), Altar, Pascua Lama, Los Azules, Del Carmen, Constelación y El Pachón (San Juan). La idea del macrismo es que no en todos los glaciares debe prohibirse la minería, sino en aquellos de «significancia hídrica», argumento inexistente en la ley.

«Nuestra Cordillera está destinada al sacrificio con tantos proyectos mineros –dice Nora Torres, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, donde Barrick Gold generó tres derrames en un año y medio–. No entienden que el agua es vida, piensan que nunca les va a tocar a ellos».

De lo público

Este mes comienza en la UBA el posdoctorado Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente. Según denunció Viale, lo dirige Beatriz Silvia Krom, «que fue abogada de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) integrada por las grandes trasnacionales mineras». La materia «Licencias sociales–Participación de los comunidades locales» es dictada por Ricardo Furfaro, director de legales de Goldcorp Cerro Negro. A miles de kilómetros, vecinos de la Asamblea No a la Mina en Esquel se autoconvocaron frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel, en Chubut, para reclamar por la nueva programación de la emisora pública. Como sucedió con Monsanto en la TV Pública, amparadas en «la pluralidad de voces», las autoridades de LRA 9 Radio Nacional Esquel incorporaron un programa conducido por Ricardo Alejandro Bustos, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, subsidiaria de Yamana Gold. La filial local de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le envió una carta de repudio al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por una decisión que está «lejos de lo que la comunidad de Esquel democráticamente decidió en 2003 en un histórico plebiscito». Para Viale, «no es casual que suceda en Esquel. Es la cuna y fuente de inspiración de la lucha ambiental contra la minería en Argentina».«

Daniel Meilán, el secretario del área, de Menem a Macri

Para el actual secretario de Minería Daniel Meilán, el combo de política y minería no es nuevo. Ya se desempeñó como subsecretario del área en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se firmó un acuerdo para la prospección y explotación entre Chile y la Argentina, por el que se consensuaban 16 puntos en la frontera para encarar proyectos «binacionales», lo que en la práctica permitió a las multinacionales mineras trabajar de manera desregulada, como una «unidad» operativa, sin necesidad de someterse a la interferencia de las legislaciones locales, y sin importar en qué parte de la frontera estuviera establecido el yacimiento.