Avanzar a partir de lo construido

Una semana atrás hice en esta columna una mención al documento que elaboraron los y las representantes de los diversos espacios que conforman el Frente de Todos, y resalté, entre otros, el párrafo donde se afirma que “en 2023 se enfrentarán dos modelos de país”. Considero que este es el eje central sobre el que girarán los temas de aquí hasta las elecciones.

El alcalde de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, quien se apuntó como precandidato presidencial, afirmó: “es hora de animarnos a transformar el país para siempre”. Más allá de los matices que puedan existir al interior de la fuerza opositora, no hay disidencias de fondo en cuanto al modelo de país que persiguen. El sentido último de la “transformación” no tiene ningún misterio: pasa por ir por todo lo que en su momento no pudieron hacer (y hoy están diciendo), como es el caso de una profunda reforma previsional, laboral y tributaria, que conculca derechos.

Ya dejaron al país en emergencia y condicionado por donde se lo mire, y no dudarían en volver a hacerlo. Idearon una auténtica “bomba de tiempo” en materia de endeudamiento, que este gobierno debió desactivar mediante complejas reestructuraciones (en medio de una brutal pandemia) y que igualmente seguirá condicionando al país por años.

Volver a la lógica del Estado “canchero” implicaría un severo retroceso en materia de derechos, incluso en importantes áreas en las que nuestro país se destaca a nivel regional, como es el caso de la cobertura educativa y de salud. Por eso en el documento del Frente de Todos se reconocen las dificultades que existen, pero se llama a avanzar sobre lo construido.

En el anuario estadístico de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, se muestran indicadores que no suelen recoger los grandes medios y que sirven para poner los asuntos importantes en perspectiva. Por ejemplo, en Argentina la tasa de mortalidad neonatal llegaba en la última medición del 2022 a 4,6 por mil, la mitad de los valores promedio para toda la región. También son auspiciosos los datos sanitarios y de desempleo: lejos de la idea de que “todo está mal”, con la que ciertos sectores tratan de incidir en el humor social para contar con mayores chances electorales.

En materia de actividad económica, el Indec indicó que en el mes de diciembre el EMAE cayó un 1% contra noviembre en términos desestacionalizados, con una baja importante de la producción agrícola. Sin embargo, la economía en todo 2022 finalizó un 5,2% por encima del 2021. Con este nivel de producción, el país revirtió las fuertes caídas de 2018 y 2019 (efectos de la pandemia macrista) y de 2020 (impactos del Covid-19).

Teniendo en cuenta lo que ocurre en el resto de la región, el crecimiento en América Latina pasó del 6,7% en 2021 al 3,7% en 2022, es decir, casi la mitad. El informe le dedica un párrafo central a los efectos que está teniendo el cambio climático en los diversos países, producto de las inundaciones, las tormentas, las sequías y los deslizamientos de tierra, entre otros. Solo en el año 2022, se señala, se registraron 74 eventos peligrosos y desastres, afectando a millones de personas y generando fuertes daños y pérdidas económicas.

Esta realidad nos impacta particularmente. Las malas condiciones climáticas afectan la cosecha agrícola (sequía y ahora heladas tempranas), e inciden negativamente en la actividad económica, así como en el frente externo. A ello hay que sumarle los efectos de la guerra en Ucrania. En este marco, las autoridades económicas de nuestro país han mantenido conversaciones en el marco de la reciente reunión de ministros del G20, para que el FMI contemple los impactos del conflicto bélico.

El ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó en su intervención que “los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra den mandato a sus directores en los organismos multilaterales para que los que fuimos víctimas económicas de estos daños seamos escuchados en esos foros”. Según las estimaciones oficiales, la pérdida de divisas habría llegado a unos U$S 5000 millones durante 2022, producto principalmente del incremento en el precio de la energía, aunque también por los mayores costos en los fletes de exportación. El ministro volvió a insistir para que el Directorio del FMI revise su postura sobre los sobrecargos, dado que es una política regresiva, “porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento”, a la vez que la definió como “pro-cíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago”.

Litio, recurso estratégico

El litio es y será cada vez más un recurso estratégico en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la transición energética y los esfuerzos por la descarbonización y la mitigación del cambio climático; por este motivo, su valor en el mercado y su demanda comenzó una curva exponencial y sostenida. Podemos ver indicios de esto tanto en las inversiones reales que están realizando los gobiernos de países desarrollados, como en las que hacen grandes corporaciones en los yacimientos existentes.

El litio debe ser entendido como recurso natural estratégico, dado que tiene una existencia limitada, un valor acotado en el tiempo por ser no renovable, y también es un componente esencial para el desarrollo de tecnologías de punta.

Tenemos una de las mayores reservas de litio del mundo. Resulta indispensable avanzar en una legislación que proteja nuestros recursos litíferos, de forma de privilegiar los procesos de industrialización del mineral, fomentar a las empresas de capitales nacionales, y garantizar el uso sostenible en el tiempo, con los menores impactos ambientales y sociales, entre otras cuestiones.

Con estas premisas, Juan Carlos Junio (diputado nacional mandato cumplido) y quien escribe, como representantes del Partido Solidario, junto con otros diputados de lo que hoy es el Frente de Todos, en 2014 presentamos un proyecto que apunta a la orientación mencionada en el párrafo anterior.

La tarea a encarar es tan importante y tan grande que requiere de la participación del Estado Nacional para establecer los instrumentos para la exploración, explotación, industrialización y comercialización del litio y sus derivados. Esta propuesta reconoce los derechos de las provincias, y propone incorporarlas en la gestión nacional de los recursos litíferos, de tal forma que no se vean alterados los beneficios económicos que éstas perciben. Más aún, estamos convencidos de que con un desarrollo a nivel nacional, dichos beneficios aumentarían significativamente, no sólo para las provincias, sino para toda la economía.

Estas son algunas de las ideas que creo necesario comenzar a discutir, para ir formando, con la urgencia del caso, los consensos para que nuestro país posea una ley que regule el fuerte crecimiento que se espera de este importante mineral y todos sus derivados, y para que la mayor parte de los recursos generados queden en nuestro país.