"El gobierno no comprende la significación y trascendencia institucional que el caso tiene", sostiene el abogado constitucionalista.
«Va a ser una denuncia por encubrimiento de desaparición forzada, referida a Santiago Maldonado. Con el tiempo transcurrido, evidentemente estamos ante una indudable hipótesis de desaparición forzada y el gobierno persiste en la actitud de negar, desconocer, de plantar pistas falsas, etcétera, que realmente nos hace temer más lo peor porque en otras circunstancias obviamente ya habría aparecido y se habría esclarecido la situación», anticipó a Tiempo Eduardo Barcesat.
«Estamos viviendo un momento muy difícil, el gobierno no comprende la significación y trascendencia institucional que el caso tiene porque la comunidad internacional y regional lo han emplazado virtualmente a que determine el paradero y quiénes son los responsables de esa desaparición forzada», enfatizó el constitucionalista.
«Creo que esto va a llevar en el plano nacional a que no solamente los autores materiales de la aprehensión del cuerpo, que serían efectivos de Gendarmería Nacional, tengan que responder en Esquel ante la Justicia Federal, sino que quienes, desde la posición que tienen en el Poder Ejecutivo Nacional, empezando por el presidente, la ministra de Seguridad e Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Derechos Humanos, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich doctor Noceti y la cúpula de Gendarmería Nacional van a tener que ser requeridos por la justicia en función de este encubrimiento», anticipó el letrado.
En el escrito, se deja constancia que tanto Graciela Rosenblum y José Schulman, presidenta y secretario general de la Liga por los Derechos del Hombre, «como primera entidad defensora de los DD HH en Argentina, promovieron una denuncia penal, en concurso con encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad», contra el presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, los ministros nacionales Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Seguridad), el comandante de Gendarmería Pablo Badie, el comandante de Gendarmería Conrado Balari, el gendarme Juan Pablo Escola, y todo integrante de Gendarmería que se determine «participación en el encubrimiento».
También se denunciará »todo otro funcionario público o integrante de fuerzas de seguridad que también hayan participado en el encubrimiento».
Los denunciantes aguardan que el mismo martes se sortee juez y fiscal en la causa, en el fuero penal federal. «Recordemos que de acuerdo a las convenciones internacionales que la Nación Argentina ha ratificado y que tienen jerarquía de cláusula institucional, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, que tienen igual pena para autores materiales, mediatos y encubridores», remarcó.
Sobre el sorteo, Barcesat fue tajante. «Hay lacayos del gobierno y hay jueces. Esperemos que nos toque un juez», manifestó.
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