Barrios populares en emergencia: fuerte recorte del presupuesto de CABA

El Ministerio Público de la Defensa CABA, la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron a legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires un informe que advierte un fuerte retroceso en las políticas de integración socio urbana de los barrios populares. 

El documento «Para los barrios populares no hay plata: baja presupuestaria y vulneración de derechos en las villas de la Ciudad» analiza la situación actual de las políticas habitacionales y también respecto del Proyecto de Presupuesto 2026, en el cual las partidas destinadas a los barrios populares alcanzan su nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída del 23% respecto del presupuesto de 2025. 

El informe muestra que los fondos se destinan principalmente a respuestas paliativas o de emergencia, mientras se postergan los proyectos de reurbanización y el cumplimiento de leyes y fallos que garantizan la integración socio urbana. 

Las organizaciones e instituciones firmantes remarcan el avance sobre derechos reconocidos por la legislación local y nacional, que fue aprobada con un amplio consenso político y social. 

De esta manera, se afecta directamente a las más de 275.000 personas —casi el 10% de la población porteña— que habitan en barrios populares. 

La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. A la precariedad habitacional se suman los déficits en el acceso a servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que vulnera los derechos de información y participación comunitaria. 

El informe también destaca las profundas desigualdades que persisten en la Ciudad más rica del país: 

. A nivel nacional, las y los habitantes de los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población.

· El hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales. 

· Las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas y las personas mayores son los sectores más afectados. 

Frente a este panorama, las instituciones y organizaciones de derechos humanos advierten sobre la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen la atención inmediata de las situaciones críticas, la continuidad de los procesos y el cumplimiento de leyes y sentencias. 

Mantener y ampliar estos compromisos resulta indispensable para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna, a la integración socio urbana y al hábitat adecuado en la Ciudad de Buenos Aires.