Belliboni denunció ante el juez la persecución política y reclamó invertir la mira enjuiciando a funcionarios del gobierno

Finalmente le llegó el turno de declarar en la causa por extorsión y defraudación al Estado a Eduardo “Chiquito” Belliboni, líder nacional del Polo Obrero. Junto con María Isolda Dotti cerraron la ronda de 27 declaraciones que forman parte de la fase indagatoria de la causa que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello con la investigación promovida por el fiscal Gerardo Pollicita.

Las declaraciones indagatorias se sucedieron desde el 10 de junio y expusieron sus testimonios dirigentes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie las organizaciones que sufrieron más de 30 allanamientos en comedores, depósitos, cooperativas y hasta locales partidarios.

El giro de la causa

En su mayoría se trata de los tesoreros e integrantes de cooperativas que ofician de unidades ejecutoras de los proyectos productivos vinculados al programa Potenciar Trabajo. La causa comenzó con una investigación por presuntas extorsiones de los dirigentes para obligar a los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo a participar de movilizaciones y asambleas bajo amenaza de dar de baja el beneficio. Luego de los allanamientos el fiscal abrió una nueva tangente con el propósito de intentar demostrar una supuesta defraduación al Estado por desvío de fondos destinados a las cooperativas de trabajo.

La defensa buscó demostrar que la acusación de extorsión resulta improcedente en tanto las organizaciones no tienen la potestad de dar altas y bajas a los programas y, además, los beneficiarios tienen libertad de cambiar de organización con un solo trámite ante la cartera laboral. Sobre la supuesta defraudación al Estado, los dirigentes aseguran haber exhibido al juez las pruebas que demuestran que los fondos llegaron al destino indicado y que las supuestas facturas truchas obtuvieron la aprobación de la entonces cartera de Desarrollo Social y la AFIP.

Tres horas y tres biblioratos

Belliboni se presentó bien temprano a la mañana y su declaración se sostuvo por un lapso de casi tres horas en las que expuso la estructura y el funcionamiento de su organización basada en las asambleas y la elección de delegados revocables. Se presentó con tres biblioratos con pruebas y documentación con la que buscó demostrar la falsedad de las acusaciones.

Al concluir, en una ronda de prensa, el dirigente señaló que “están las máquinas, las impresoras y también los lugares donde hacían cursos miles de compañeros. Se los mostramos al juez con certificación de escribano y lo invitamos que viniera a verlas a los lugares que, por otro lado, fueron allanados”.

Persecución política y filtraciones

El dirigente insistió con lo que considera un carácter persecutorio de la causa por motivos políticos. Señaló que “denunciamos las arbitrariedades de los allanamientos y también denunciamos que medios de comunicación tuvieran datos personales de personas allanadas antes de que los tuviera la justicia y la defensa demostrando, y eso le dijimos al juez, que estamos claramente frente a una persecución política”.

Una persecución que, para Belliboni, “comenzó el 20 de diciembre cuando la ministra (Patricia Bullrich) prohíbe las movilizaciones populares por reclamos que lógicamente iba a tener una población golpeada por la inflación. Una población a la que le habían sacado la comida que en realidad estaba escondida y que no se la daban a la gente para castigarla por formar parte de una organización”.

El dirigente piquetero que vive hace 50 años en un monoblock en la localidad de Burzaco señaló que “el mismo juez Casanello está investigando filtraciones en su propio juzgado, le dijimos que eran funcionales al gobierno para atacar a las organizaciones populares”.

Defraudación al Estado

Sobre la presunta defraudación al Estado Belliboni denunció que “nuestras organizaciones cumplen una enorme función social que el Estado ha abandonado. ¿Qué es lo que le debemos al Estado?” se preguntó y, continuó, “¿saben cuánto cuesta poner un comedor? Se lo dijimos al juez también. Cuesta seis millones de pesos los ponen los compañeros y compañeras que están acá y lo hacen voluntariamente”. Un informe del ministerio de Capital Humano reconoce que los aportes del Estado Nacional a los comedores representan apenas el 16% de sus ingresos mientras que el 38% de los mismos se explican por aportes propios que surgen de colectas, aportes, rifas y actividades sociales.

Sobre la presunta estructura extorsiva y piramidal que investiga el juez, el dirigente del Polo Obrero señaló que “presentamos pruebas para demostrar que no era así. Lamentablemente el juez nos interrumpió muchas veces porque le parecía muy larga la exposición. Pero la acusación de extorsión es muy grave”. El dirigente detalló que “el Polo Obrero no solo no tiene bajas sino que ha tenido altas porque la gente rompía con las organizaciones de los punteros de los municipios y venía al Polo Obrero. Ninguna extorsión! Lucha y organización. Eso le demostramos al juez”.

Finalmente, consultado sobre el desenlace que espera de la fase indagatoria Belliboni señaló que “no sabemos qué hará el juez. No es momento para pedir sobreseimiento, es el momento para declarar y contar todo lo que sabemos sobre la acusación”.

Con todo, desafió al juzgado: “si hay justicia se debe invertir la situación. Los que deben estar en el banquillo son los funcionarios que escondieron los alimentos, los que le sacaron los planes a la gente en medio de una escalada de la pobreza. A una compañera le sacaron el plan por caminar tres cuadras, por cruzar de La Quiaca a Villazón”.

En diez días el juez deberá decidir si avanza en la causa imputando a todos o parte de los acusados, si dicta el sobreseimiento o establece la falta de mérito de los indagados.