Benefician a Camacho, uno de los golpistas de 2019, con domiciliaria y salidas laborales

A pocos días de las elecciones que significan la vuelta de la derecha al gobierno de Bolivia, la Justicia puso en libertad al exlíder sindical Marco Antonio Pumari y ordenó el arresto domiciliario al exgobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, en el marco de la causa por su implicación en crisis política desatada en 2019, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del país.

El Tribunal Supremo ha decidido así levantar las prisión preventiva impuesta contra estos dos dirigentes, si bien en el caso de Camacho, la orden incluye prisión domiciliaria «con salida laboral, el pago de una indemnización y su presentación mensual» ante las autoridades, según indicó su defensa en declaraciones al diario ‘El Deber’.

Para la representación, esta decisión del tribunal hizo «justicia». «Se ha recuperado la independencia y la imparcialidad de los tribunales», ha agregado.

Por su parte, la defensa de Pumari confirmó el fallo a favor para su cliente. «El Tribunal (…) por decisión unánime, ha determinado la libertad pura y simple para Marco Antonio Pumari dentro de este proceso penal». El mandamiento de libertad se emitirá este miércoles y lo único que debe cumplir es una convocatoria y una presentación ante el Ministerio Público en Potosí, indicó la defensa.

La sesión se desarrolló en medio de tensión y gritos en las inmediaciones de la sede del Supremo en La Paz, capital de Bolivia, después de que organizaciones y grupos afines al expresidente Evo Morales del Trópico de Cochabamba hayan advertido de protestas en las calles si se confirma la puesta en libertad de estos dirigentes opositores acusados de liderar las protestas poselectorales de 2019.

A principios de esta semana un juez ordenó asimismo suspender las medidas cautelares que se le impusieron a Áñez y a otros doce acusados por la matanza de Senkata, departamento de El Alto, en noviembre de 2019, cuando ejercía como autoproclamada presidenta de Bolivia.

Áñez fue acusada de ordenar una represión que dejó una veintena de muertos y más de 200 heridos durante las protestas por la salida de un Evo Morales, quien presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

Además de en Senkata, en la localidad cochabambina de Sacaba, tuvo lugar otro de los episodios más luctuosos de aquellas crisis. Por este caso, Áñez tendrá que esperar hasta este viernes para conocer cuál es su situación jurídica al respecto tras posponerse la audiencia que iba a tener lugar este martes.

Este lunes, un tribunal de El Alto anuló el proceso judicial contra Áñez –quien había entrado en prisión en 2021– por el caso Senkata, dando por cierta la versión de la defensa de que debe ser juzgada por estos hechos en el Parlamento ya que tuvieron lugar cuando ella ejercía como presidenta, si bien autoproclamada.

BB con Europa Press