En plena pelea con las prepagas, el Ejecutivo reglamentó el plan Clemencia, que beneficia a compañías que reconozcan procedimientos anticompetitivos. Las entidades reclaman que se respete la orientación de la ley, en tutela de los derechos de los consumidores.
La noticia se informó este martes con la publicación de la Resolución 98/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y se difundió después a través de la prensa oficial.
Desde el gobierno argumentaron que el programa Clemencia estaba contenido en la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, vigente desde el 2018.
También definieron la medida como “un marco de incentivos para que las empresas denuncien acuerdos abusivos” que además “previene la conformación” de ese tipo de acuerdos.
Plantearon que la iniciativa “otorga la posibilidad de que las empresas puedan reducir las sanciones por sus conductas perjudiciales para la competencia, como la conformación de carteles y acuerdos de precios abusivos, si denuncian y colaboran con la CNDC en la investigación de dicha práctica. Un aspecto que también dotará de mayor transparencia y eficiencia al mercado”.
En el mismo sentido, apuntaron que la figura “se asemeja a la ley del ‘arrepentido’ que permite reducir la pena por el delito cometido si la persona colabora con la causa” y destacaron la existencia de instrumentos similares en la región
El anuncio de la reglamentación hizo ruido porque se conoció en medio de la disputa con las empresas de medicina prepaga, que tienen que devolver el dinero que cobraron demás a sus afiliados entre enero y mayo y que fueron autorizadas a pagar esa deuda en doce cuotas y a volver a liberar precios después de ese período.
El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, relacionó las dos cuestiones y reclamó que se aplique la ley en favor de los consumidores y no para beneficiar a empresas que incumplen sus obligaciones.
“El Estado a través de la Subsecretaría de Servicios de Salud debe controlar que las empresas inviertan y que vendan sus productos y servicios a un costo real, no financiero. Al consumidor no le aumentan el salario conforme al dólar MEP, mientras que las tarifas de las empresas aumentan conforme a lo que le interesa al empleador. Este sistema es un fracaso perse”, sentenció en diálogo con Tiempo.
“La clemencia -agregó- no puede ser para el que no cumple la función que le corresponde. Si a las cartelizaciones les aplicás este beneficio te desentendés de la verdadera función de la Ley de Defensa de la Competencia, que manda defender al consumidor y no a las empresas”.
En el mismo sentido, el beneficio se podrá aplicar a empresas productoras de alimentos y otros productos y servicios que también son objeto de críticas por conductas cartelizadoras, oligopólicas y monopólicas, por lo que el titular de Adduc reclamó que el Estado pida información sobre las inversiones planificadas para evitar los aumentos de precios.
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