Bitcoins: dos proyectos en el Congreso buscan regular el dinero virtual

La más extendida, Bitcoin, escaló desde los U$S 30 mil que valía el 26 de enero hasta los U$S 59 mil actuales. Hace un mes cotizaba U$S 47 mil, pero en octubre de 2020 un bitocin costaba apenas U$S 10mil, mientras que en marzo, poco más de U$S 5500. En el medio, claro, registró caídas y subas abruptas de hasta U$S 10 mil en un solo día.

En rigor, cuando un personaje de dudosa existencia conocido como Satoshi Nakamoto las lanzó al mercado en 2009, valían apenas un dólar y llegaron a cotizar por debajo de ese valor.

El «boom» reciente se produjo cuando Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, anunció que su compañía Tesla destinaría U$S 1500 millones a ese activo dando un fuerte respaldo desde el sector privado, que llegó a generar un volumen de operaciones de casi U$S 350 mil millones en un solo día. Es claro que se está frente a una inmensa burbuja especulativa, contracara de la recesión económica global provocada por la pandemia, aunque nadie sabe bien cuándo va a explotar. Mientras tanto, genera ganancias muy concretas cuyo origen, destino y gravabilidad están bajo la mira.

La inquietud para avanzar en regulación tiene alcance global. En 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó sus recomendaciones. En la Argentina, entre septiembre y noviembre de 2020, ingresaron al Congreso dos proyectos que tienen ese propósito y hubo intercambios directos entre las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los integrantes de la misión del FMI. Uno de los proyectos es de la diputada oficialista Liliana Schwindt y el otro, del legislador de Juntos por el Cambio Ignacio Torres. La comisión de Finanzas los analiza.

Schwindt señaló a Tiempo: «Queremos darle un impulso al debate. Hay que empezar a legislarlo, pero no con ánimo de recaudación impositiva sino para regular algo que ya está regulado en otros países».

Los proyectos buscan regular tres aspectos de las operaciones: evitar el lavado de dinero, que paguen tributos y cumplan con los criterios de Defensa del Consumidor.

El proyecto del oficialismo reconoce que «el anonimato que permiten frente a los métodos tradicionales de pago sin efectivo, así como sus riesgos inherentes, tales como el lavado de activos y el financiamiento terrorista, hacen de la regulación una respuesta necesaria».

Asimismo, continúa, «debido a la ausencia del control necesario, podrían darse casos de evasión impositiva cuando no pudiese detectarse la registración de las operaciones; o bien elusión impositiva si las partes acordaran un valor ficto a las transacciones».

Un punto clave es que en todos los casos se trata de activos que no alcanzan el estatus de moneda de curso legal y carecen del respaldo de Banco Central alguno a pesar de lo cual se utilizan para intercambio, inversión y reserva de valor.

Lo cierto es que en la Argentina existen regulaciones parciales que surgen de reglamentaciones del Banco Central, la UIF, la Afip y la Comisión Nacional de Valores que, según el proyecto de Torres, «utilizan distintos conceptos para este tipo de activos». Para superar esa situación, el proyecto del oficialismo propone establecer que sea la Comisión Nacional de Valores el ente de aplicación de la ley aunque, según reconoció Schwindt, «es posible que en la comisión modifiquemos ese punto para dejarlo en manos de la reglamentación que realice el Ejecutivo».

Un aspecto crucial del asunto es la capacidad de establecer la trazabilidad de las operaciones. Eso solo es posible allí cuando las operaciones se realizan a través de las plataformas de compra y venta denominadas «Exchange», cuyo uso no es obligatorio.

Esto es válido en lo que hace a la lucha contra el lavado de activos pero también para establecer parámetros para la gravabilidad de las operaciones. Hoy en la Argentina están alcanzados por Ganancias a partir de su estatus de moneda virtual y de la vigencia del impuesto cedular sobre ellas, pero no así por el IVA ni provinciales, como Ingresos Brutos.

Una incógnita que sobrevuela el debate y divide a los analistas es si el avance de las regulaciones a escala global abonará a un dinamismo de la actividad a partir del respaldo de los Estados y la «seguridad jurídica» o si, por el contrario, será el desencadenante de la explosión de la burbuja especulativa que, presumen, se desarrolla por detrás.  «

El consumo energético: ¿operación o realidad?

Bill Gates, otro de los hombres más ricos del mundo, descartó la posibilidad de invertir en este tipo de activos en nombre del consumo energético que insume su producción y almacenamiento. Es que cada unidad es el resultado de un encriptamiento de datos que demandan una potencia de cálculo inédita. Además, su almacenamiento en servers de enorme capacidad exige sistemas de enfriamiento de altísimo consumo eléctrico. Se estima que, si se pudiera ubicar la industria de critpomenadas en un ranking de demanda eléctrica de países, ocuparía el trigésimo lugar.

Especialistas aseguran que, sin embargo, esa huella ambiental puede ser equiparable a la extracción de oro, que también contamina napas y aporta a la huella de carbono. Por el mismo motivo se está explorando la posibilidad de trasladar los servers de almacenamiento y las granjas de producción al Polo Norte.

Resulta lícito preguntarse si la inquietud de Bill Gates es legítima o si, por el contrario, apunta a influir en la cotización del bitcoin, habida cuenta de su inmensa volatilidad.