Bolivia: al menos seis muertos por la represión en la planta de combustibles de El Alto

En un nueva jornada de feroz represión militar ante la resistencia de civiles leales a Evo Morales, el ejército boliviano liberó el acceso a una planta de combustible en El Alto, ciudad vecina de La Paz. El trágico saldo fue de al menos seis muertos y 30 heridos, varios de ellos de gravedad, según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Después de reiteradas amenazas del gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez, cientos de militares y policías rodearon la planta de Senkata y avanzaron hasta retomar el control de la entrada y salida de camiones.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, citado por el diario local La Razón y el canal ruso RT, informó que al menos seis manifestantes murieron -solo dos fueron identificados: Deivid Posto Cusi, de 31 años, y Edwin Jamachi Paniagua- y «alrededor de 30» resultaron heridos. A raíz de esa situación, «estamos pidiendo a las autoridades una investigación», dijo la fuente de la oficina de prensa de la Defensoría. 

Paralelamente, un comunicado de las Fuerzas Armadas afirmó que «agitadores y vándalos enardecidos» atacaron y destruyeron parcialmente la planta de hidrocarburos de Senkata «utilizando explosivos de alto poder», versión que fue desmentida por las organizaciones indígenas. 

Poco antes, una fuerza combinada de policías y militares, apoyada por carros blindados y helicópteros, había ingresado a la planta, ocupada hace días por manifestantes, para reanudar en carros cisternas el abastecimiento de combustible, cuya escasez se empieza a agudizar en La Paz.

«Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia», tuiteó Morales desde México. 

En tanto, la presidenta de facto, la derechista Jeanine Áñez, había firmado en días pasados un decreto, calificado por la CIDH de «grave», que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, convulsionado hace casi un mes.

Otro decreto firmado por Áñez destina 4,8 millones de dólares extras al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas para continuar con la represión, que se prevé que se extenderá por largos días.