Un recorrido por una parte de la ruta del Che, antes y después del estado de excepción decretado por el gobierno. La otra cara de una paz tan provisoria como ficticia. Testimonios y denuncias.
Desde el 20 de junio hay un estado de excepción en todo el país, luego de que el día anterior el presidente Rodrígo Paz cerrara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), máximo ente sindical que representa a una parte de los trabajadores asalariados del país, una especie de prima hermana de la CGT argentina, que le garantiza al gobierno el avance en la modificación de paquetes de leyes para profundizar el extractivismo y el despojo de tierras junto a otros países de la región, en favor de las políticas de Donald Trump.
Desde el 20 de junio a las 2 de la madrugada salieron a cazar a referentes indígenas tras un discurso televisivo del presidente en nombre de Dios, la patria y la familia. Horas antes de la celebración más importante para la gran mayoría de la población, el Inti Raymi, el año nuevo andino.
Días más tarde, el dirigente Vicente Salazar, máximo referente de la Federación Tupac Katari, fue detenido junto a otros miembros acusado de terrorismo mientras se anunciaba la finalización, tras 15 años de inamovilidad en la cotización del dólar, el tipo de cambio flexible.
Rodrigo Paz fue electo como una alternativa a la derecha más rancia del país. La gran mayoría de los sectores que llevaron a acabo los bloqueos durante más de 50 días fueron quienes lo votaron.
Las largas filas de autos en las estaciones de servicio son una postal apocalíptica que nos recibe bajo la lluvia en el lado oriental de Bolivia. Hay un clima enrarecido que se mezcla con las motos que circulan por todos lados como moscas que zumban intentando sobrevivir en el caos.
El peso argentino no sirve para nada. Para moverse con bolivianos hay que cambiar dólares. El nudo en el estómago persiste, pero llegamos junto a Feministas de Abya Yala y comunicadores populares sin mayores sobresaltos para registrar algo de lo que sucede y romper el cerco mediático. Horas antes, la Misión Internacional Humanitaria de DD HH compuesta por legisladores y referentes argentinos, que había viajado para documentar la represión al pueblo boliviano, fue deportada y reprimida. Allí, en la ruta del Che, fue noticia nacional.
“Más de 50 días de bloqueos”, dice una tele destartalada en un mercado de Santa Cruz. El nivel de racismo de los medios es difícil de ignorar. La Bolivia indígena y campesina que pide la renuncia del presidente al que votó y dio su apoyo hace seis meses pareciera ser, según los discursos mediáticos, la culpable de todos los males. Nada dicen de muertos, desaparecidos, hospitales desabastecidos hace meses y de la violencia que sufren quienes reclaman por una vida mejor.
En cada esquina se habla bajito del gobierno. La policía anda de civil y con autos sin patente. Hay desencanto, miedo y cansancio. Un chofer cuenta que volvió a trabajar hace poco y que el combustible adulterado rompió muchos motores: “Los talleres mecánicos están colapsados”. Esperan que el gobierno les otorgue el subsidio que prometió para los arreglos. Las pérdidas fueron cuantiosas: “Todos los motores fregados, algunos costaron entre 5000 y 7000 bolivianos arreglarlos y el gobierno dice que el subsidio será de 4000”.
El oriente de Bolivia es diferente al occidente. Acá hay más comida, más agua y más vegetación, aunque la suba de precios impactó de igual manera a toda la población. Fue el lugar donde todo comenzó en abril, el día en que las comunidades indígenas salieron a reclamar por la derogación de la Ley 1720 impulsada por uno de los terratenientes de Santa Cruz, el senador derechista Branko Marinkovic. Caminaron en caravana más de 1000 km rumbo a La Paz ya que esta norma amenaza la propiedad comunitaria.
El reconocimiento del territorio indígena en Bolivia sucedió luego de la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990. Esa movilización obligó al entonces gobierno de Jaime Paz Zamora (padre del actual presidente) a reconocerles sus tierras. Con esta ley, el descontento fue creciendo y se acoplaron poco a poco los demás sectores. A esto se le suma el anuncio del gobierno de retirarle los impuestos a las grandes fortunas. La gota que rebalsó el vaso.
A 150 km de allí, en San Julián, sucede uno de los bloqueos. Una montaña de tierra enorme con un cartel que dice “Pedimos la renuncia del pollo Paz”, da la bienvenida a un largo día de testimonios del horror. No todos están contentos con la visita. Días atrás sufrieron una brutal represión que terminó con varios detenidos y hospitalizados y dos heridos graves. Hay desconfianza y temor a más represalias.
“Justo el viernes en la noche yo estaba de turno, estaba en emergencia, y en la madrugada del sábado empezamos a escuchar los petardos. Habían venido de Santa Cruz, personas, no en condiciones buenas, personas mal. Como se dice, malhechores. Vinieron junto a la Unión juvenil Cruceñista (UJC) y la policía a reprimir al pueblo que hacía su protesta. Ese día llegaron bastante accidentados. Tuvimos un paciente crítico que recibió un impacto de bala. Todo el mundo decía que había fallecido”, describe Roger Villca Armijo, médico general, director del hospital municipal de San Julián.
La UJC es un grupo de civiles parapoliciales armados. Participaron en acciones de amedrentamiento y represión en zonas de bloqueos. Fundada el 7 de octubre de 1957, posee una violenta y larga trayectoria en la región, amparada por sectores de poder vinculados al Comité Cívico. Según el abogado Portugal Quispe Mamani, son los interesados en las tierras indígenas y en derogar las leyes que los amparan.
La gente se acerca de a poco a la sede de la Federación de agricultores, se arma una ronda de sillas azules y blancas. El piso es de tierra y un tinglado enorme ampara ante la llovizna finita que moja los campos verdes. Las mujeres de pollera son las primeras que se animan a hablar. Dice Bartola Condorí: “Ya no hay para nosotros, para nuestra casa y por eso exigimos a nuestros dirigentes a los que elegimos, a nuestro presidente (…) Nos falta plata y economía. No nos podemos mantener, por eso salimos a gritar. Algunos dicen: los dirigentes pagan plata, ellos están encabezando. ¡No! Desde nuestras casas de las bases salimos”.
Ana Condorí denuncia que el día que llegó al pueblo, la UJC “me robó todo. Entraron a la casa. Me pegaron. Ni siquiera aquí hay justicia, nada. No hay ni policías, no hay ni alcaldía, nada. ¿Por qué no hay justicia? Perdí todo, sacaron de mi casa las garrafas, las bicicletas, todo se llevaron”.
Por su parte, Virgilio, uno de los jóvenes detenidos relata: “Venía de Cuatro Cañadas a clases en San Julián. Al encontrar un bloqueo me detuve a grabar. Efectivos en dos camionetas blancas me detuvieron por la fuerza, sin orden, y me trasladaron a Santa Cruz por tres días. Fui golpeado y se me acusó de terrorismo sin pruebas. Me retuvieron carnet, licencia, dinero y no me devolvieron. Mi moto quedó en el lugar y fue quemada. La moto es mi herramienta de trabajo”. Ale García, sobrino de José Luís García, denuncia: “Estaba de pasada por el bloqueo y, prácticamente, ha sido disparado por los policías directamente en la cabeza. Como familia pedimos justicia por mi tío. Él estaba de pasada a su chaco (su parcela de tierra) y como ustedes vieron fue un tiro en blanco directo para matarle”.
Los testimonios continúan hasta que baja el sol. De allí surge un informe publicado días después. De acuerdo a las denuncias recibidas en Santa Cruz y en San Julián, se constató que además de la represión de la policía, los desbloqueos fueron realizados por fuerzas fascistas de civiles armados, integrantes de la UJC. Reprimieron a quienes participaban de bloqueos pacíficos en las carreteras, como a quienes no. Dan cuenta de gente con machetes y armas de fuego, acompañados y protegidos por oficiales de policía. No hay justicia para los sectores más vulnerados. Solo bala y cárcel, solo persecución y muerte.
Al finalizar la jornada tres concejales piden vernos en una casa del pueblo. No quieren ser grabados ni fotografiados, no asumen responsabilidades por lo ocurrido. No entendemos qué hacemos ahí. Nos vamos. Aún no lo sabíamos: no fue una buena idea.
Al día siguiente camino al Chapare, la Comisión se divide. Hay cada vez más gente que quiere denunciar lo que ocurre. Esa mañana visitamos La Casa de la Mujer, en Santa Cruz y desde ahí seguimos viaje. Es época de naranjas. Al comprarlas en la esquina antes de subir al trasporte, el clima está más enrarecido que el día que llegamos. Miran y vigilan. A mitad de camino nos enteramos que allanaron la Casa sin orden judicial, revolvieron todo. Se llevaron detenidas a mujeres que acuden por violencia de género. Saliendo de una gasolinera nos interceptan policías de civil y uniformados y nos llevan a la comisaría de Montero. Autos sin patente, uno adelante y uno atrás.
Nos obligan a mostrar las pertenencias y nos llevan a migraciones pese a que teníamos los documentos en regla. Nos largan a la madrugada bajo la firma de una declaración jurada que nos impide hacer tareas que denominan políticas. Al llegar a donde parábamos, se declara el estado de excepción. Al día siguiente volvemos a la comisaría a buscar unos anteojos que en la requisa habían quedado allí.
A la salida, mientras fumamos un cigarro, una foto, un recuerdo. Nos enteramos después: durante el golpe en Bolivia de 2019, en esa misma comisaría había estado detenido el fotorreportero argentino Facundo Molares. A quien habíamos filmado el 10 de agosto de 2023 cuando la policía de CABA lo ahogó en el Obelisco. «
El informe de la Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia, integrada por Feministas del Abya Yala y comunicadores/as populares de Argentina y Uruguay, registra los asesinatos de Alberto Cruz Chinche y Martha Villca Sosa, ambos por gasificación, y de Víctor Quispe Cruz, por bala en el cráneo en la represión a un bloqueo, que el gobierno llama “corredor humanitario”. El único caso que el Estado reconoce, más otras cuatro víctimas sin identificar. Hubo 40 heridos, en La Paz y El Alto: José Luis García recibió un balazo en la cabeza en San Julián y sigue grave; Gonzalo Huasco, joven con discapacidad fue herido con un balín y fue procesado penalmente mientras estaba internado; Violeta Tamayo, periodista de La Izquierda Diario, sufrió una fractura expuesta por un gas policial y ya lleva dos cirugías. En lo judicial, se documentaron más de 500 detenidos: 365 en La Paz y El Alto (323 judicializados, 22 presos) y 92 en Cochabamba. En Cruce Tarata, 15 personas fueron obligadas a autoinculparse y condenadas a dos/tres años de cárcel. Luego la Comisión conoció nuevas detenciones de los dirigentes Alberto Quelali y Pablo Merma, trasladados a la cárcel de San Pedro y el allanamiento a la vivienda de David Mamani, donde destrozaron su biblioteca.
Rodrigo Paz Pereira asumió como presidente el 8 de noviembre de 2025 aunque sabe lo que es el poder desde que nació, ya que es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora (1989-1993). Claro que estos ocho meses en el Palacio Quemado fueron intensos y desbordantes de problemas. Con los levantamientos de cortes y bloqueos y el inicio del normal abastecimiento de combustible, pareció que tendría el campo libre para implementar sus políticas ultraliberales. Pero no le es sencillo. En las últimas horas, sufrió una nueva baja en el Gabinete: renunció la titular de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez. Ahora son cuatro los ministros que abandonaron el Ejecutivo en estos meses de gestión. Se suma a la renuncia, durante el conflicto, en mayo, del ministro de Trabajo, Edgar Morales. Poco después el 2 de junio, en la cresta de la crisis, se fueron simultáneamente los entonces titulares de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García.
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