La Fiscalía general de Bolivia solicitó hoy la prisión preventiva de Jeanine Áñez por seis meses, luego de que la expresidenta de facto fuera detenida ayer por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019. Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de «persecución política», dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la expresidenta y exsenadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada de ayer en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz. Como Áñez fueron detenidos también en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.
La Fiscalía publicó hoy la acusación formal por «sedición, terrorismo y conspiración» contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, mientras dure la investigación. La Fiscalía argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.
El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en una penitenciaría, informó el diario El Deber. La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de «forma amañada» por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.
