En una doble maniobra en sintonía con su política antipopular y de alineamiento con el poder económico, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia logró aprobar en el Congreso un acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional y la extensión por tres meses del Estado de Excepción en un intento de contener la protesta callejera, que suma cuestionados instrumentos de control. La medida, sancionada un día antes de que se cumpliera el primer período, también de 90 días decretado en junio, se produce en el marco de protestas callejeras contra las políticas económicas del gobierno.
El viernes último, el Senado sancionó un programa de crédito de 1.900 millones de dólares con el FMI, que compromete a eliminar todas las subvenciones a los combustibles a partir de enero del próximo año, algo a lo que el gobierno se adelantó con la eliminación del subsidio al diésel –que ya había aumentado en agosto-, apenas aprobado el acuerdo, lo que prevé una escalada en los precios de todos los combustibles.
El organismo acordó en julio con el Ejecutivo el financiamiento a 36 meses «destinado a respaldar el programa integral de reformas económicas del país», según informó la Cámara Alta en un comunicado. Paz celebró la aprobación de la iniciativa que ya había pasado el filtro de los diputados el jueves. «Estos recursos no le pertenecen a una gestión, están destinados a blindar nuestras reservas, estabilizar la economía y abrir oportunidades reales de inversión y empleo», escribió en X el presidente.
— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 19, 2026
El directorio del FMI deberá ratificar el crédito el próximo 2 de octubre y luego realizar un primer desembolso de unos 250 millones de dólares, informó Óscar Navarro, viceministro de Tesoro. El acuerdo compromete también al gobierno a reducir el déficit fiscal, bajar el gasto corriente y garantizar un tipo de cambio flexible. Paz ya había aplicado un duro ajuste en diciembre a las subvenciones a la nafta pero no consiguió mejorar la economía ni el abastecimiento.
Sindicatos de choferes y de productores agrícolas, grandes consumidores de combustibles, rechazaron la medida y amenazaron con protestas. Las cooperativas del sector minero, protagonistas de la protesta social, también criticaron el acuerdo por considerarlo “privatista” y una entrega de soberanía energética. En ese marco, un día antes de la aprobación del crédito, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la ampliación del estado de excepción vigente desde el pasado 20 de junio. Entre sus argumentos para defender el proyecto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió acerca de «una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros, concentraciones, con posible afectación de sectores estratégicos, combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica» si no se renovaba la medida, según recogió el diario boliviano La Razón. A su vez, su par en Defensa, Ernesto Justiniano, apuntó que la situación del país mejoró con respecto a tres meses atrás, cuando se superaron los 50 días de bloqueos que afectaron la circulación y el abastecimiento en distintas ciudades. La parte más polémica de la medida tiene que ver con lo que los movimientos sociales califican de criminalización de la protesta y profundización y hasta militarización del control callejero. Para el analista Gabriel Campero, esta herramienta, sumada a la ejecución de las pautas del FMI provocarán la “agudización de la persecución política, esto dado que una vez que estas medidas sean aplicadas y empiece a generar un malestar general, las principales dirigencias empezarán a ser perseguidas, enjuiciadas o encarceladas”.
El escenario no está lejos de lo que el portavoz de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, había advertido el martes: amenazó con militarizar el país y declarar el Estado de Sitio en caso de que se reanuden las protestas sociales y las movilizaciones populares como las registradas a mediados de año. Las organizaciones cocaleras sin embargo ya convocaron a una masiva reunión el 26 de septiembre, desafiando el estado de excepción. Otro sector que adelantó protestas es el de choferes del transporte público y pesado; mientras que los profesores públicos protagonizaron una marcha en La Paz el martes y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSTUCB) se declaró en emergencia.
Venezuela-EE UU: la amistad es lo primero
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantendrán en Nueva York el primer encuentro bilateral desde el secuestro de Nicolás Maduro, en un paso más en el giro en las relaciones entre Washington y Caracas.
La reunión, prevista en el marco de la Asamblea General de la ONU, se producirá en un contexto de máxima tensión regional, luego de que Maduro fuera capturado en 2025 durante un operativo internacional coordinado por agencias estadounidenses y países aliados. Desde entonces, Venezuela atraviesa una transición política compleja, con sectores del chavismo intentando reorganizarse y con la comunidad internacional dividida sobre el futuro institucional del país. Trump, según el medio, busca evaluar el rol de Rodríguez en la estructura de poder venezolana y explorar posibles canales de negociación. En esa línea, EEUU retiró a Venezuela de la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico tras los «avances positivos» logrados por el Gobierno liderado por la presidenta encargada.
Según trascendió, Washington considera a Rodríguez una figura clave para comprender la reorganización interna del chavismo tras la caída de Maduro, especialmente por su influencia en sectores económicos y su rol en la articulación de alianzas internacionales con China, Rusia e Irán.
