Bolsonaro en caída libre: pide que los brasileños se armen «contra el fraude»

Lo menos que puede decirse del momento que viven las instituciones brasileñas es que están a las puertas de un choque de trenes, con una escalada sin límite a la vista entre Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. El presidente, en su intento por modificar el sistema de votación ante la certeza de que no podrá lograr la reelección, no duda en amenazar sin rodeos y hasta reclamar a la población que se arme “para evitar un fraude”. Bolsonaro sobrepasó todo límite en la convivencia dentro de un sistema democrátio que a pesar de las diferencias, siempre trató de mantenerse dentro de cauces civilizados en un país acostumbrado a lo largo de su historia a la negociación más que a la confrontación directa.

Según todos los sondeos, la popularidad de Bolsonaro cae continuamente mientras aumenta la de Lula da Silva, pero eso no significa que el excapitán del Ejército vaya a tirar la toalla. Más bien lo contrario: el proyecto de reforma del sistema electoral forma parte de una estrategia destinada a deslegitimar el triunfo del candidato que marcha primero en las encuestas. Pero también podría abrir las puertas precisamente a la manipulación del resultado en un esquema de votación para el que el país no está acostumbrado, ya que el voto electrónico data de 1996.

El enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, (STF) -la corte de justicia brasileña- se viene profundizando a partir de denuncias de corrupción contra los hijos presidenciales. Pero desde lo simbólico, desde que las causas contra Lula fueron cayendo por la endeblez jurídica con que fueron construidas y además, quedaron expuestos los ejecutores de la estrategia para desplazarlo de las elecciones de 2018, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.

Las denuncias del bolsonarismo contra el sistema electoral generaron el repudio no solo de la dirigencia política tradicional -no vinculada a la extrema derecha- sino también de todos los estamentos judiciales encargados de controlar los comicios. El rechazo fue compartido en un fuerte documento firmado por el presidente del Superior Tribunal Electoral, Luiz Barroso, ocho miembros STF y todos los extitulares de la justicia electoral de los últimos 33 años de historia democrática del país sudamericano. El único que no se plegó fue Nunes Marques, nombrado por Bolsonaro en 2020. “Desde que se implementó el sistema de voto electrónico, jamás se documentó ningún episodio de fraude en las elecciones”, dice el documento emitido luego de las protestas organizadas por el oficialismo en 10 ciudades a favor de modificar el sistema electoral.

En este escenario, la corte le abrió una causa a Bolsonaro en la que le pide explicaciones sobre las irregularidades que denunció. El presidente admitió que no tiene pruebas aunque insiste en que el voto electrónico es susceptible de fraude.

Y para doblar la puesta, pidió a sus seguidores que sigan el ejemplo de los trumpistas. “Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil”, agregó en un discurso transmitido por sus redes sociales.

Bolsonaro, en este ida y vuelta, fue incluido en una investigación sobre la maquinaria de fake news como la que le sirvió para llegar a ser el candidato mas votado en el ballojate de 2018 y asentar un discurso medieval desde que llegó al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2019.  La causa está centrada en “crímenes de calumnia e incitación al crimen”.

Esa maquinaria se basa en granjas de trolls y medios alternativos de ultraderecha con sustento ideológico en las extremas derechas y el neorracismo europeos y norteamericanos alentados por estrategas neofascistas como Steve Banno. La investigación está a cargo del magistrado Alexandre de Moraes a instancias del presidente del STE.

Bolsonaro, lejos de bajar un cambio, dijo, amenazante, que a Moraes “ya le va a llegar la hora” y que Barroso “debería hacer política y presentarse como vicepresidente de Lula”. En una visita a Joinville, Santa Catarina, para un encuentro de empresarios, dobló la puesta y catalogó a Barroso de “hijo de puta”, aunque el video luego fue borrado de las redes.

Y para terminar de demostrar que no está en sus planes recular, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, del partido Progresistas, de centro derecha y aliado de hierro de Bolsonaro, se disponía a llevar a plenario el proyecto de reforma electoral, a pesar de que la iniciativa que presentó la diputada Bia Kicis -que compite con el presidente para ver quién está más a la derecha- fue rechazada en comisión por amplia mayoría de 23 votos a 11. Para Lira, “las comisiones no son determinativas, sino opinativas. Sugieren el texto pero cualquier recurso del plenario puede ser llevado a cabo”.

El mandatario también es investigado por una comisión del Senado por la gestión gubernamental de la pandemia y presuntos casos de corrupción en la compra de vacunas. En este caso, el crimen por el que debe responder es “prevaricación”, es decir, no haber denunciado un supuesto pedido de coimas para la compra de dosis de Cvaxin. «

La privatización del correo

La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a un proyecto de ley para privatizar la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), una joya de la abuela que en tiempos de pandemia resulta clave para las entregas en todo el extenso país. La iniciativa permite la venta de la mayor operadora logística de Brasil, actualmente estatal, a capitales privados y se trata de un proyecto largamente acariciado por el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes. Entre los postulantes a quedarse con esa empresa estratégica figura Amazon, pero también están en la gatera Fedex, el correo de España y hasta la argentina Mercado Libre.

La oposición se abroquela en el Senado, donde los legisladores del PT esperan convencer a sus pares de que esta venta no es más que “la continuidad de la quema de activos del Estado por parte del gobierno de Bolsonaro”. Y destacan que “es una empresa estructural de servicios públicos que funciona bien y que da ganancias”.

De hecho, según datos oficiales del Tesoro de Brasil, el año pasado cerró el balance con ganancias por cerca de 300 millones de dólares, y no registra quebrantos en lo que va del siglo. Lo que desmiente el argumento de la derecha de que se necesita sanear un activo que produce déficit que deben solventar los contribuyentes.

De conseguir la aprobación en la cámara Alta, el Gobierno espera realizar la subasta de la empresa Correios en el primer semestre de 2022. No queda claro, de llegar a ese camino, el futuro de los casi 100.000 empleados de planta con que cuenta el servicio.

En ese sentido, el personal nucleado en la Asociación de los Profesionales de los Correos (Adcap) sostuvo que la normativa que se debate en el Congreso ignora cuestiones fundamentales “como el hecho de que la propia Fiscalía ya ha reconocido que una eventual privatización de los Correos no podría ser hecha sin un cambio constitucional», señaló en un comunicado.

Es otro punto de conflicto del gobierno de Jair Bolsonaro contra el poder judicial ya que el Supremo Tribunal Federal tiene en análisis una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI, una suerte de amparo judicial) de la Adcap que cuenta con el aval del procurador general de la República, Augusto Aras, en contra de la privatización.

Pero también el Senado podría trabar la venta desde la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, que tiene en sus manos una Sugestión, que no es más que una propuesta de un particular presentada a través del Portal e-Ciudadanía, que busca impedir la privatización y que cuenta con el apoyo de más de 20 mil internautas.

“No es exagerado decir que los Correos representan un factor de integración nacional que da a los brasileños en los rincones más remotos del país la oportunidad de ampliar sus horizontes por los servicios de envío y recepción de correspondencia encomiendas y valores”, justificó el presentador del proyecto, Afonso Henrique Muniz Nascimento, según indica la Agencia Senado.