Bolsonaro: volvió y no fue millones

De un retorno con expectativas de millones, se encontró con algunos racimos de simpatizantes fieles que persisten en la vuelta de su líder, a pesar del fracaso de la intentona golpista del pasado 8 de enero.
Si bien Bolsonaro sostuvo que se propone liderar la oposición, primero dirigiendo al Partido Liberal, junto a su esposa encabezando la rama femenina, en tanto que el PL cuenta para sí con el 20% del parlamento, para luego articular a toda la oposición a fin de obstruir al gobierno de Luiz Inácio «Lula» da Silva. Por el momento, solo le queda un reducido entorno casi familiar, junto a la CNN en español, que lo deja aislado del poder.
Más aún, en cuanto que lo primero que deberá sortear es a la Justicia. Es que Bolsonaro afronta varios frentes abiertos en los tribunales, más de una docena de causas, cinco ante el Supremo Tribunal Federal, que lo podrían llevar a prisión. La causa más reciente ante el STF es la acusación de ser el instigador de la invasión del Planalto por sus seguidores el pasado 8 de enero.

Los otros casos no son menos importantes. Su exministro de Justicia, actual senador Sergio Moro, lo acusó de interferir en la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción. A su vez, tiene acusaciones de desinformación sobre el sistema de urnas electrónicas; dos investigaciones por filtración de información confidencial de una investigación policial sobre un ataque cibernético al Tribunal Superior Electoral; a lo que se suman sus declaraciones sobre la pandemia del Covid-19, provocando desinformación al asociar la vacuna anti covid con un riesgo de contraer VIH, entre otros.

Al no contar con fueros, por haber dejado la presidencia, las causas marchan y las posibilidades de prisión aumentan sobre el controvertido exmandatario. El caso más avanzado es por su participación en actos que atacaban al Supremo Tribunal Federal, con consignas anti democráticas, que son señaladas como “subversión al orden”, durante el 7 de septiembre de 2021. De ser condenado en sentencia definitiva, podría recibir las penas máximas por esos delitos, que alcanzarían los 40 años de prisión.

Si bien, por el momento, es verdaderamente bastante poco probable que vaya a la cárcel en lo inmediato, sí en cambio es inminente su comparecencia ante la Justicia. De hecho, el próximo miércoles 5 de abril, tendrá que declarar sobre el caso de las joyas donadas por el rey de Arabia Saudí, de las cuales ya devolvió dos lotes por más de tres millones de dólares y faltaría aún un tercer paquete. Es un caso en el que está muy comprometido con pruebas contundentes.

Nunca Más
No obstante el regreso de Jair Bolsonaro, el actual presidente Lula Da Silva continúa con su política de dar vuelta la hoja. Ya lo hizo en el plano internacional, donde avanzó hacia el multilateralismo; en tanto que en el plano local promovió la diversidad y la inclusión de sectores postergados, especialmente mujeres, afros e indígenas. En ese sentido, hace pocas horas, este 1 de abril avanzó a marcar diferencia en el tema de Derechos Humanos.

Tras cuatro años de celebración en los cuarteles generales del golpe de 1964 propiciado por el Ministerio de Defensa de Bolsonaro, el Ejército da un giro copernicano y ahora castigará a quienes realicen festejos alusivos. Es algo que celebró el Partido dos Trabalhadores, en voz de su presidenta Gleise Hoffmann, que publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Después de cuatro años de apagón democrático y de la tentativa de golpe del 8 de enero, los 59 años del golpe militar en Brasil adquieren todavía más simbolismo”.

Es más, el gobierno de Lula avanzará en investigar los casos de desaparición forzada de personas por parte de la última dictadura cívico-militar que gobernó desde 1964 hasta 1985, a fin de garantizar justicia y memoria de las víctimas, según se anunció en el marco de las actividades de la “Semana de Nunca Más”.

Las investigaciones en Brasil tendrán un papel fundamental en la región, porque ese régimen cívico militar fue sustento del Plan Cóndor y apoyo primero de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973 y luego de Jorge Rafael Videla en la Argentina. Representan un paso fundamental en Derechos Humanos para la región. «