Boluarte no se mira al espejo y acusa a Castillo de golpista y dictador

En un curioso balance que parece desconocer que el gobierno del depuesto Pedro Castillo fue también su propio gobierno, la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, pronunció su primer discurso ante el Congreso, como jefa de Estado apelando a la concordia, pero culpando a la gestión de su antecesor de, prácticamente, todos los problemas que afronta hoy su país, incluidas las protestas surgidas a partir del golpe institucional a Castillo, lo cual no reconoció.

En cambio acusó a Castillo de dar él un golpe de Estado, lo presentó como un corrupto y se victimizó al afirmar que durante los días de ebullición tras la detención del presidente se intentó efectuar un golpe contra ella misma con el objeto de instaurar “una dictadura” en Perú. “Mi gobierno recibió un país en grave crisis material, moral y política. La errática política general y el deficiente manejo de la administración pública, durante la gestión pasada, fue un marco propicio para el vertiginoso aumento de la criminalidad organizada en nuestro país”, señaló. En el mismo discurso pidió perdón por los más de 60 muertos en represión, a la que llamó “enfrentamientos”, a la vez que equiparó a los manifestantes con “bandas criminales”.

Anunció, además, que pedirá facultades para combatir el crimen y expulsar inmigrantes (“en casos de flagrancia”) pero promoverá, en sus palabras, un “Acuerdo Nacional incorporando a todos los sectores sociales”.

El mensaje, que incluyó medidas para paliar las sequías y las inundaciones en distintas áreas y reactivar la economía, se pronunció ante la Asamblea al celebrarse el Día de la Independencia, y como corolario de una semana en la que el Congreso produjo una jugada maquiavélica de reemplazo de la autoridad legislativa en una alianza entre el fujimorismo y la izquierda marxista de inciertos resultados.

En una actitud bastante bien recibida por los grandes medios del poder, Boluarte habló como si hubiese sido recién electa por el clamor popular. Atribuyó al gobierno al que ella asumió en 2021 como vicepresidenta de Castillo casi todos los conflictos actuales, tanto económicos como sociales, cuando ella fue además parte del gabinete como ministra de Desarrollo Social, un área directamente relacionada con el bienestar de la población.

Desconoció también el permanente bloqueo político que ejerció la extrema derecha contra Castillo y criticó los forzados cambios de gabinete, que se debieron a los constantes votos de censura de la oposición abroquelada en el Congreso y facultada por la controversial constitución peruana, esa que la propia CIDH reconoció que es parte del problema institucional del Perú en su crítico informe sobre la represión. “Recibimos también un Gobierno sumido en un creciente caos administrativo, con funcionarios no idóneos contratados en base a clientelas políticas y partidarias, con promesas incumplidas, que dieron lugar al nombramiento de cinco presidentes del consejo de ministros y un récord histórico de 79 ministros de Estado, así como la acumulación de acusaciones por presuntos actos de corrupción dentro de ese régimen”, sostuvo Boluarte, a quien algunos sectores acusan de haber sido instrumento necesario en la expulsión de Castillo.

Con el mismo discurso de la derecha y del poder judicial que lo mantiene preso sin pruebas concretas, Boluarte afirmó tener conocimiento de “la organización criminal que, incluso, desde antes de acceder al poder, habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno” con el fin de “conseguir, de manera espuria e ilegal, contratos de obras con el Estado”.