Bonadio citó a indagatoria a CFK y empresarios por presunta cartelización de la obra pública

Al calor de la campaña electoral, el juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy un nuevo llamado a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez por presunta cartelización de la obra pública adjudicada durante sus dos gobiernos. Junto con la exjefa del Estado también fueron convocados los detenidos Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Bonadio citó a CFK para el 25 de febrero, un día antes del inicio previsto de otro juicio que tiene puntos de contacto con esta renovada investigación: la obra pública de Santa Cruz. En ese juicio, en el que también está procesado (y detenido) el empresario Lázaro Báez, se discute la supuesta existencia de un mecanismo espurio de adjudicación de obra pública a nivel provincial.

La expresidenta viene pidiendo infructuosamente desde hace dos años que se audite toda la obra pública, incluida Santa Cruz, para establecer si hubo o no cartelización y, en caso afirmativo, quiénes y cómo urdieron el mecanismo para quedarse con los contratos. Sistemáticamente el Poder Judicial le rechazó esos planteos, pero ahora –y como derivación de la causa por las fotocopias de los cuadernos- Bonadio llamó a indagatoria a un centenar de imputados, la mayoría de ellos empresarios.

En esa nónima figuran Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (ambos cercanos a la familia del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Juan Chediack y Carlos Wagner,  expresidente de la Cámara de la Construcción.  

Fuentes judiciales desvincularon las nuevas indagatorias de los últimos “arrepentidos” en la causa de las fotocopias de los cuadernos. “Los que se arrepintieron en estas semanas hablan de movimientos de dinero, cuentas, propiedades, lavado. Esto es otra cosa: apunta a cómo se repartieron los negocios durante más de diez años”.

En ese contexto, los investigadores consideran que no se está investigando dos veces lo mismo, el juez Julián Ercolini por un lado con la obra pública en Santa Cruz, y Bonadio, por el otro, con la “cartelización”. De hecho, consideran que son causas que podrían complementarse, pero descreen que vayan a frenarse ahora por cuestiones de procedimiento o de competencia.

En la causa de Santa Cruz, en la que CFK pidió el martes la postergación del inicio porque considera que falta una prueba clave (una auditoría encargada a los peritos contadores de la Corte Suprema), el fiscal Diego Luciani consideró que el juicio debe iniciarse igual en la fecha prevista. No obstante, tácitamente reconoció que falta la prueba por la que reclama la expresidenta: Luciano le pidió al Tribunal Oral Federal número dos, que tiene a su cargo la realización del debate, que “arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento, con la mayor celeridad posible, a las medidas de prueba que se encuentran pendientes y poder dar inicio al debate el próximo 26 de febrero”.

Mientras el tribunal resuelve esa cuestión, la defensa de CFK formuló este miércoles  un planteo de incompetencia en esa causa, por “territorialidad”. Sostiene que los hechos que van a ser juzgados por un tribunal de la Capital Federal ocurrieron en Santa Cruz, por lo que deberían intervenir jueces de esa jurisdicción.

Las indagatorias en la causa por presunta cartelización de la obra pública, en el marco de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, comenzarán el 20 de febrero y se extenderán por lo menos hasta abril próximo.