El juez federal Claudio Bonadio vistió con ropaje de resolución judicial un análisis y una evaluación de política económica del gobierno que encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el viernes procesó por el delito de «administración infiel en perjuicio de la administración Pública», que contempla penas de un mes a seis años de cárcel. Cual si se tratara del editorialista de un diario, un politólogo, un economista o acaso un dirigente político (en todos los casos con virtudes proféticas), Bonadio tenía por cierto que la cotización del dólar era «artificialmente baja», que la devaluación que concretó el gobierno de Mauricio Macri era inevitable, que debía ser del orden del 40% pero que eso no lo haría la anterior gestión sino que lo dejaría como presente griego a su sucesor. Sabía todo lo que iba a pasar. Lo escribió casi seis meses después de que pasó.
«En el contexto económico de 2015, particularmente en su segundo semestre, ya se ha desarrollado como se porfió mediante la operación de venta de dólar futuro para que la inevitable devaluación o sinceramiento del cambio, o normalización del mercado, o como quiera llamárselo- no sucediera mientras gobernase. Lo que luego aconteciera, y a quién, era evidente que no importaba. Aún más: todo indica, que el daño que impactaría cuando aquello acaeciera, era una consecuencia totalmente prevista y por ende, querida».
Añadió el juez, textualmente: «El por qué de este accionar dañoso ya escapa a las consideraciones que desde la jurisdicción puede hacerse». La pregunta omitida es justamente la que delimita la frontera entre política económica y delito. El anterior gobierno proclamó que mediante la operación del dólar futuro buscaba aplacar las tensiones cambiarias y evitar una corrida. Bonadio pareció interpretar que se trató de un acto de maldad para perjudicar a Macri.
En las 147 páginas de la resolución, el juez le reprochó a la ex jefa del Estado haber decidido los destinos económicos de la Argentina mientras fue presidenta. «Es de público y notorio que la centralización de decisiones en muchísimos aspectos del gobierno nacional era un hecho. Así, durante su mandato como titular del PEN, la ex presidente intervenía activamente en la política económica de su gobierno. Es más, la manejaba». La Constitución Nacional impone esa obligación a los presidentes.
Bonadio llamó en todo momento a la ex presidenta como «Cristina Elisabet Fernández». En 12 oportunidades mencionó su segundo nombre; en ninguna su apellido de casada, Kirchner. «Sería impensable y un insulto a la inteligencia pretender que no tomó la decisión de implementar y sostener esta ruinosa operatoria junto o a través- de su ‘mejor asesor o asistente’, Axel Kicillof», opinó el juez.
Bonadio detectó en la ex presidenta un exceso en sus atribuciones, pues describió «una subordinación de facto de las autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores al Poder Ejecutivo, y una ejecución de acciones en el mercado de valores a futuro conteste con las indicaciones recibidas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo». La descripción parece encajar en el delito de «abuso de autoridad», más que en el de «administración infiel». El «abuso de autoridad» castiga al «funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Bonadio no eligió esa figura, que por cierto- tiene penas mucho menores: prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
En sintonía con las decisiones en política económica del actual gobierno, Bonadio descartó «la posibilidad argüida en los descargos, de que no necesariamente se produciría una devaluación de la moneda». En un fallo judicial, escribió que la depreciación de la moneda nacional dispuesta por el gobierno de Cambiemos «no sólo fatalmente habría de suceder sino que es indiscutible que el resultado dañoso puede tenerse por acreditado al momento mismo de la concreción de los contratos, puesto que su pago ya estaba comprometido desde ese momento.
Calcaterra
Diputados nacionales del FPV-PJ, encabezados por su titular, Héctor Recalde, solicitaron al juez Jorge Casanello que impida la venta de la empresa IECSA de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, en el marco de la investigación sobre Lázaro Báez, ante la vinculación societaria entre ambos empresarios. «IECSA y Austral Construcciones se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10 mil millones de dólares, lo cual muestra un ‘affectio societatis’ estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez», sostuvieron.
