Un estudio revela que en la provincia de Buenos Aires apoyan un sistema financiado por el estado. Además, el rechazo a la motosierra permanente, la mirada sobre el personal médico y el caso del Garrahan.
Elaborado en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el informe detalla que el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública, frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida. En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente”, mientras que sólo el 26% lo respalda.
La investigación, realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional. Según la socióloga y coautora del estudio, Melina Alcaraz, “siete de cada diez bonaerenses dicen que la salud debe seguir siendo pública” y que este resultado “reafirma que la salud pública continúa siendo un valor central de identidad de los argentinos”.
Además, Alcaraz señaló que “el 68% de los encuestados rechaza la motosierra en salud pública” y advirtió que, “por el contrario de la discusión dentro de la batalla cultural, la gran mayoría de las personas que escuchamos en los grupos focales señalaron la necesidad de mayor inversión pública en salud”. También sostuvo que “el año pasado el gobierno de Milei eligió como blanco de su batalla cultural a las universidades, y este año trasladó el ataque a la salud pública con foco en el Hospital Garrahan y en IOMA”.
El estudio resalta el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años. Sobre la obra social bonaerense, Alcaraz explicó que “el 70% de los entrevistados se opone a la privatización del IOMA” y que “sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo”.
Entre las conclusiones, los investigadores subrayaron que “la salud pública es una prioridad social básica e irrenunciable para la mayoría de los bonaerenses, y debe estar protegida de recortes y preservada como un derecho colectivo que garantiza dignidad y equidad”.
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