En Washington discuten cláusulas y contratos con las empresas de Inteligencia Artificial y la democracia descubre tarde que nadie dejó escrito quién manda de verdad.

El problema que estalló a fines de febrero tuvo una forma humilde, casi administrativa. El Pentágono exigió a Anthropic un margen más amplio para usar sus modelos de IA en operaciones sensibles. La empresa se negó a levantar dos barreras concretas porque no quería que su tecnología sirviera para vigilancia masiva dentro de Estados Unidos ni aceptaba su uso en sistemas letales autónomos sin supervisión humana.
En cualquier otro rubro, ese desacuerdo habría terminado en abogados y alguna cena incómoda. Pero en el universo militar la respuesta tomó otro tono. El Departamento de Defensa clasificó a Anthropic como riesgo para la cadena de suministro y empujó al resto del aparato federal y a contratistas a dejar de usar su tecnología.
La escena tiene algo de berrinche y algo de advertencia. Si una empresa intenta fijar límites éticos a la máquina que vende, el Estado puede dejarla fuera del circuito. El argumento oficial invocó la seguridad nacional. El efecto práctico olió a castigo ejemplar. Funcionarios del Pentágono dijeron que esas restricciones contractuales podían volver inútil un modelo en medio de una misión con consecuencias cinéticas, palabra que evita decir muertos.
DOS. La crisis del Pentágono mostró lo que ocurre cuando la política corre detrás de la técnica con torpeza. Mientras Anthropic quedaba bajo castigo, OpenAI firmó un acuerdo con Defensa a gran velocidad. Sam Altman, su CEO, admitió después que la maniobra hacía ver a su empresa oportunista y desprolija. Más tarde la compañía intentó agregar resguardos adicionales al contrato.
Ese detalle importa porque revela una verdad incómoda. Ni siquiera las empresas que prometen límites saben si esos límites resisten la presión política, la competencia comercial y el presupuesto militar. Anthropic quiso reservarse un veto. El Pentágono lo consideró inaceptable. OpenAI aceptó un terreno más flexible y luego trató de corregir en letra chica lo concedido antes. La tecnología quedó atrapada entre escrúpulo y oportunidad.
Pero hay un ángulo menos visible de esta discusión que empieza a preocupar a estrategas militares y analistas de seguridad: la geografía física de la inteligencia artificial. Durante años se habló de modelos, algoritmos y datos como si todo ocurriera en una nube etérea. En realidad ocurre en los data centers. El problema es que esas instalaciones ya forman parte de la infraestructura estratégica de los Estados. Cuando una empresa construye un gran centro de datos para entrenar modelos avanzados, no solo instala racks de GPU. Instala una capacidad computacional que puede servir para inteligencia, ciberdefensa o simulación de escenarios. En otras palabras, instala poder.
El problema es obvio para cualquier planificador militar de Medio Oriente. Si un país aloja infraestructuras clave para modelos de IA utilizados por aliados occidentales, esas instalaciones podrían convertirse en objetivos de los drones. Eso introduce una paradoja inquietante: cuanto más global se vuelve la infraestructura de la IA, más vulnerable se vuelve a la lógica territorial de la guerra tradicional. Un modelo puede vivir en la nube, pero los cables de fibra óptica, las centrales eléctricas y los edificios que lo sostienen viven en un mapa. Y los mapas, en tiempos de conflicto, siempre terminan llenos de círculos rojos.
TRES. Desde otras capitales la escena estadounidense se observa con ironía y cálculo geopolítico. El caso resulta especialmente interesante para países que ya integran IA en sus estructuras bélicas. China (DeepSeek), Francia (Mistral), Rusia (GigaChat), entre otros avanzan con un modelo de integración entre Estado, tecnológica y fuerzas. Irán observa la evolución del campo con un interés creciente en tiempos de emergencia.
En la guerra moderna, la ventaja no siempre está en quién dispara primero sino en quién entiende primero lo que está pasando. Un modelo capaz de analizar miles de imágenes satelitales o interceptaciones en minutos puede reducir el tiempo entre observación y respuesta.
En la práctica, cualquier tecnología de procesamiento masivo de información puede tener aplicaciones duales. En ese contexto, el episodio del Pentágono deja una enseñanza incómoda. El problema no reside solo en la máquina que podría equivocarse al identificar un blanco. El problema también vive en el sistema político que entrega decisiones fundamentales a ejecutivos que cambian de criterio con la rapidez del mercado y de la cotización de las bolsas de valores.
Al final, el botón rojo que Stanley Kubrick pintaba en su película Dr. Strangelove con Peter Sellers (1964) quizá ni siquiera exista como objeto visible. Puede vivir en una consola remota de un panel gris con doble autenticación y la interfaz de un emoji amable. Lo grave no sería que un villano lo presione con una carcajada cinematográfica, sino que varias personas razonables lo activen por partes, entre reuniones, revisiones legales y promesas de prudencia, hasta que un día la decisión quede distribuida entre tantas manos que nadie pueda señalar con claridad dónde terminó la responsabilidad. Y en ese momento se descubrirá que el verdadero salto no fue enseñar a las máquinas a decidir, sino que fue enseñarle a los humanos a obedecer sin darse cuenta.
Alerta Nacional. En la Argentina y el resto de América Latina no existe todavía un Pentágono algorítmico, pero sí una vulnerabilidad conocida. La región compra sensores, software y doctrina antes de construir soberanía computacional. Mientras EE UU, Francia, Rusia y China integran modelos a defensa, el sur observa, importa y queda expuesta a dependencia estratégica, vigilancia tercerizada y rezago industrial. «
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